El director de Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (Sijplu), Aldo Torres, indicó que por sentencia ejecutoriada que pesa contra Richard Choque, el asesino serial, este debe cancelar daños y perjuicios a los familiares de las víctimas y al Estado boliviano.

“Conforme la normativa boliviana al procedimiento penal, al código penal, el delito que recae en una sentencia condenatoria una vez que esté ejecutoriada, el juez tiene la obligación de anunciar las costas y costos procesales, es decir, la reparación de los daños y perjuicios de la víctima y del Estado (…) Las víctimas deben demostrar en qué gastaron durante todo el proceso, por ejemplo ¿Cuáles fueron los gastos según el arancel del colegio de abogados? (…)¿Cuánto esta persona (víctima) podía haber establecido en vida?, ¿Qué es lo que se ha perdido? sí bien la pérdida de una vida no tiene un costo se puede reparar los daños lo que se ha ocasionado inclusive se puede hablar una reparación psicológica”, explicó el director a la ANF.

Por cuarta vez el asesino serial, Richard Choque, fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio, el fiscal Edwin Sarmiento indicó que el acusado se sometió a juicio abreviado y hoy (viernes) fue sentenciado por la muerte de la joven Iris Maylin quien falleció el pasado mes de mayo de 2021. El cadáver de la víctima fue encontrado enterrado en el domicilio del sentenciado.

Según el director del Sijplu no solo los familiares serán resarcidos sino el Estado boliviano cobrará de todas las pericias que se hicieron en el transcurso de las investigaciones y de todo lo que cursa en el cuaderno investigativo.

“Richard Choque debe pagar al Estado, por ejemplo, en un laboratorio del (IDIF) las pruebas, en pruebas que se habrían producido exámenes de genética. Todo el aparato que es el Ministerio Público a solicitud y requerimiento que se desarrollan en un proceso no son gratuitos esta carga viene en contra del sentenciado todo este gasto público debe reparar y debe cubrir esos gastos porque debemos tomar en cuenta que el Estado no pude perder”, explicó

Choque también fue imputado por el asesinato de su primo Fidel (2011), la universitaria Blanca Rubí (2013) y el feminicidio de Lucy. En todos los casos los cadáveres de las víctimas fueron encontrados en viviendas del sujeto.

Torres, señaló que el sentenciado debe cancelar lo adeudado con sus bienes inmuebles y con todo lo que esté a su nombre; sin embargo, no existe un plazo establecido para que cancele los daños y perjuicios, en ese caso, se puede evitar que acceda a créditos bancarios y se pueda poner a su nombre algún bien inmueble porque pasaran directamente al Estado.

“El Estado es primer cobrador en cualquier situación, se acude a ver el tema de propiedades, viviendas y cuentas de ahorro. Ahora, puede ser que sean dineros irrecuperables también existe la posibilidad se va a buscar que el mismo pueda reparar mediante los bienes que tengan o sus familiares que tengan para cubrir las deudas con el Estado (…) No existe un plazo establecido, según el Estado no reconoce la cárcel por deudas”, indicó.

Asimismo, señalo que es una especie de muerte civil  “No va a poder acceder a los beneficios que quiera tener al momento de comprar una propiedad le van a decir qué no o sí va a tener le van a embargar o va a querer sacar un crédito igual le van a congelar, es una especie de muerte civil (…) Por sentencia se debe cancelar los daños y perjuicios”, acotó.

Finalmente, señaló que si bien no existe una sumatoria de penas el asesino serial deberá cumplir sus penas sumando los meses de intervalo que tiene una sentencia con otra.

“Las penas no son acumulativas no se puede ir acumulando, pero por este otro delito recién se está computando 30 años y se computa de fecha a fecha cada pena”, puntualizó.

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