El director General Ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, Juan José Espejo, negó que exista irregularidades en la adjudicación para la construcción de las casas sociales en Santa Cruz, sin embargo, afirmó que hubo “inobservancias” en el llenado de la convocatoria  por lo cual se anuló la etapa de convocatorias para la contratación.

La mañana de este miércoles el diputado Anyelo Céspedes del Movimiento al Socialismo (MAS) denunció supuestos actos de corrupción en la Agencia Estatal de Vivienda (AE Vivienda) en Santa Cruz, por supuestos cobros irregulares para adjudicar construcciones de casas sociales en San Julián y San Miguel de Velasco donde se estaría pretendiendo cobrar el 10% para adjudicar a constructoras.

“Viajó una comisión precisamente del área de contratación y también el área jurídica, al revisar estos procesos de contratación al haber una inobservancia en el llenado de la convocatoria se ha pedido justamente la anulación de estas convocatorias antes de que pase a la etapa de contratación (…) En los proyectos que son San Miguel de Velasco y San Julián todos los procesos están recién en inicio de proceso de contratación”, explicó el director de la AE-Vivienda.

Además, aseguró que semanas antes que llegue la denuncia del diputado masista se envió una comisión del área de contratación y jurídica para que revisen los procesos de contratación y se instruyó que la Unidad de Transparencia viaje a todas las departamentales para que revisen los procesos y estén presentes en la apertura de sobres.

Sin embargo, el legislador oficialista advirtió que las empresas afectadas se contactaron con él y que existen “todas las pruebas” sobre el presunto hecho de corrupción  

“Queremos que se paralice esa licitación porque las MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) serían cómplices porque no voy a permitir que malos funcionarios estén cobrando, aquí no se tiene que premiar a la empresa que tenga más plata, se trata de contratar a las mejores”, subrayó.

Existió una segunda denuncia contra la AE- Vivienda del diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Aldo Terrazas quien informó que realizó una verificación a las viviendas de carácter social construidas por el Gobierno en ocho municipios y que de 3.185 viviendas están desocupadas 2.221 y estimó que se invirtió mas de $us 83 millones.

Por su lado, el director de la entidad de Vivienda señaló que no existirán mas comunidades urbanas y que se tiene 1.500 viviendas sociales por vender, atribuyó a que los postulantes para obtener una vivienda tienen que atravesar por una evaluación crediticia de una entidad bancaria donde se les pide varios requisitos y eso estaría obstaculizando que se vendan las soluciones habitacionales.

“Tenemos aproximadamente1.525 soluciones habitacionales que estarían dispersas en diferentes condominios, como hemos dicho se están vendiendo, pero muchas personas cuando van a la entidad financiera es donde se para y tal vez tenemos que trabajar con la ASFI por los requisitos que piden para poder acceder a un crédito (…) Debemos modificar la normativa y el reglamento para poder ayudar a las personas de bajos recursos y adecuarnos a la realidad que vivimos”, explicó el director de la AE-Vivienda.

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