Tras la denuncia de coimas por Bs 18,6 millones para favorecer a una empresa china, una comisión de fiscales y efectivos de la Policía Boliviana ingresaron al piso 8 del edificio Centro de Comunicaciones, donde se encuentran las oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para realizar una intervención.
Dos fiscales y una veintena de efectivos del orden llegaron a las 11.20 de esta jornada a los ambientes de la institución pública. Los representantes, al ser abordados por los periodistas y ser consultados por su presencia en el lugar, lo único que dijeron fue: “déjenos trabajar, por favor”.
La mañana de este jueves, el diputado Arce informó que el 26 de agosto presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de 10 funcionarios y del presidente ejecutivo de la ABC por irregularidades y favorecer a la empresa china Harbour Engineering Company para que se adjudique y ejecute la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.
La construcción de la doble vía costaría Bs 456.809.149,79 y la coima para los funcionarios era de Bs 18,6 millones (que representa el 4% del monto total). El empresario chino Jin Zhengyuan, representante de la empresa China Harbour Engineering Company (Chec), se encuentra aprehendido.
El diputado oficialista, en conferencia, pidió al presidente del Estado, Luis Arce, que realice una intervención a la ABC y se inicie una investigación a ese despacho. Además, sugirió al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, investigar a la gente que trabaja en su entorno.
“Quiero decirle al ministro Edgar Montaño que revise con qué gente está trabajando, qué equipo lo está acompañando. Tengo información, hermano ministro, que a unos metros de usted hay gente que cobra para agendarle una reunión; en su momento lo vamos a decir (…). Al vicepresidente David Choquehuanca, que revise también con la gente que trabaja, gente que lo apoya, esa gente está dañando la imagen de nuestro gobierno”, recomendó el diputado.
La denuncia contra los funcionarios de la ABC y el extranjero son por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias.
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