El abogado de los militares Palmiro Jarjury y Jorge Terceros, Eusebio Vera, indicó que la Fiscalía debe emitir una resolución de sobreseimiento a favor de sus clientes, después que rechazó los delitos de conspiración y sedición en el caso “golpe I”.

“Si han procedido al rechazo por el ilícito de conspiración que sigue vigente en la normativa penal y no así sedición, consecuentemente, correspondería que mis defendidos sean favorecidos con una resolución de sobreseimiento por el ilícito de conspiración”, declaró Vera a la ANF.

En relación al delito de terrorismo explicó que se pretende acusar “por el simple hecho de que mis clientes acompañaron al general, Willams Kaliman, cuando leyó el comunicado sugiriendo al expresidente Evo Morales su renuncia para pacificar el país (…) No puede ser que por eso se impute por el delito de terrorismo que tiene como sanción 15 años de cárcel”, añadió.

El fiscal Omar Mejillones presentó la pasada semana una imputación formal contra el exministro de Defensa Fernando López solamente por el delito de terrorismo, de esa manera las investigaciones en el proceso “golpe I” se ampliaron otros seis meses más.

En este contexto, el abogado cuestionó que en más de un año y ocho meses la Fiscalía no ha podido demostrar la culpabilidad de sus clientes por el delito de terrorismo. Recordó que el 10 de noviembre de 2019, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Willams Kaliman, acompañado por todo el mando militar leyó un comunicado sugiriendo a Evo Morales que renuncie a la presidencia.

Precisó que sus defendidos en ese momento que el jefe militar dio lectura al comunicado sólo cumplieron un rol de acompañamiento, pero que el contenido del mensaje no fue producto de una deliberación como sostiene el oficialismo.

“Creo que la Fiscalía desconoce la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas parecería que los operadores del Ministerio Público ni siquiera hubieran pisado los cuarteles porque se conoce que hay principios básicos como el principio de verticalidad, de subordinación y dependencia, ahí las ordenes se cumplen y se acatan. Nse discute”, sentenció.

Acotó que “La redacción del comunicado del 10 de noviembre fue una orden expresa del general Kaliman porque sabía que Evo Morales iba a renunciar y ordenó al jefe de la dirección de Comunicación de las Fuerzas Armadas redactar el comunicado y por recomendación de su  asesor se colocó el artículo 20 de la LOFA donde se sugiere a Morales su renuncia, eso no es ningún ilícito y menos es delito que los comandantes de las tres fuerzas acompañen en esa lectura porque estuvieron solamente para la foto ¿Dónde está el delito?”, cuestionó una vez más.

Según el jurista, la Fiscalía señaló que por ese comunicado se habría quitado el respaldo y protección al señor Evo Morales, el abogado negó este extremo porque los días 8, 9 y 10 de noviembre estuvo en instalaciones militares, no se lo dejó sólo y se lo acompañó hasta que dejó el país para posteriormente dejar a disposición sus cargos a Jeanine Añez.

“El día 12 de noviembre los generales Kaliman, Jarjury y Terceros renunciaron a sus cargos y desde ese momento dejaron de ser comandantes y eso es una prueba más de que siempre fueron leales y fieles al expresidente Evo Morales, pero la Fiscalía maneja la tesis de que mis clientes con su participación en la conferencia de prensa facilitaron que se genere un ambiente de inestabilidad al respaldar la sugerencia del general Kaliman”, sostuvo.

Presumiblemente el objetivo “era mantener el estado de alarma y pánico en la población, obligando al gobierno elegido democráticamente a demitir y cesar en sus funciones para que exista un vacío de poder como parte de un golpe de Estado”, acotó.

Explicó que otra prueba es el libro de Evo Morales: Volveremos y seremos millones, en el que declara que la decisión de renunciar fue asumida en fecha de 9 de noviembre de 2019. Vera se pregunta “¿En qué medida podía haber afectado el comunicado de las Fuerzas Armadas en sugerir su renuncia? En nada, la decisión ya estaba asumida y hay que recordar que los conflictos se dieron desde el mes de octubre”.

Denunció que la Fiscalía aplica criterios selectivos en las investigaciones, además que pidieron en seis oportunidades que se realice una inspección técnica ocular seguida de reconstrucción, donde estén presentes todos los imputados y las supuestas víctimas como el expresidente del Estado, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera, entre otras exautoridades que también mantuvieron reuniones esos días.

“También se tiene que establecer para qué se han reunido Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivera con Carlos Mesa, Doria Medina en la Universidad Católica (Boliviana) ¿Cuál fue el objetivo de esa reunión? ¿Acaso no fue también deponer al expresidente Evo Morales y hacer la sucesión constitucional del próximo presidente? Si a los generales se los imputó por una supuesta reunión donde presuntamente deliberaron para sacar su comunicado, entonces, en esa misma lógica las ex autoridades de Gobierno también se reunieron (…) Los exministros Javier Zabaleta y Cesar Cocarico también deben ser investigados”, explicó.

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