El abogado Rolando Cruz, funcionario de la Procuraduría General del Estado y miembro del denominado “Comité Impulsor de Justicia”, informó que esta instancia cuenta con 25 abogados en el país que se dedican específicamente a impulsar denuncias contra el gobierno de la expresidenta de Estado Jeanine Añez y otros procesos donde ven supuestas vulneraciones de derechos.
El jurista dijo que su labor de impulsar dichos procesos responde a un “voluntariado”, “Somos aproximadamente 25 abogados que forman parte del Comité Impulsor de Justicia de diferentes departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y La Paz. Nosotros no recibimos ni un centavo por varias acciones legales que estamos realizando, lo hacemos de manera voluntaria”.
El funcionario público acotó que este conjunto de abogados “está para activar acciones legales contra los 11 meses de terrorismo de Estado del gobierno de facto de Jeanine Añez donde se cometió varias vulneraciones de derechos”, precisó en entrevista con ANF.
Este comité estuvo presente en el caso “golpe de Estado I” y “golpe de Estado II”, en el último proceso, según el jurista, se logró llegar a una sentencia de 10, pero dijo que tienen obstáculos en el caso “golpe I”, donde las diligencias no avanzan. Aclaró que las tres denuncias que presentaron contra los exministros de Añez no fueron para pedir una ampliación de la investigación sino para abrir otro proceso.
“Estamos haciendo seguimiento a estos casos ante la inacción de Ministerio de Justicia y el Ministerio Público que tienen una actitud contemplativa (sobre) el golpe de Estado I, que está paralizado porque hay retraso de más de un año en las investigaciones”, afirmó.
La denuncia que presentó este comité en los meses de abril, junio y julio, para que se investigue a los exministros fue rechazada por la Fiscalía, por este hecho analiza acciones legales contra los funcionarios del Ministerio Público por no admitir las querellas.
Ante los cuestionamientos de la oposición sobre su rol como abogado litigando y como servidor público, señaló que el trabajo que realiza no compromete a la Procuraduría General del Estado, porque no recibe ningún tipo de remuneración.
En relación al tema, el abogado penalista Roger Valverde explicó que según los artículos 284 y 286 del Código de Procedimiento Penal los funcionarios públicos si bien están obligados a denunciar cuando tienen conocimiento en la institución donde trabajan que se ha cometido un hecho delictivo, debe quedar claro que esta persona o servidor no debe ser parte del proceso.
“Como el denunciante (funcionario público) no es víctima, entonces, si solicita algún acto investigativo como: el pedido de declaración de testigos, inspecciones oculares, imputaciones y aprehensiones entre otros el Ministerio Público no debe dar curso porque él (funcionario) no es parte en el proceso su función termina cuando presenta la denuncia y la Fiscalía debe actuar de oficio”, explicó el también jurista.
Precisó que un funcionario público “no puede realizar otras actividades salvo que se trate de una representación a favor de su institución o de su familia o que tenga un poder, pero él no puede llevar algún acto de defensa en su profesión porque él recibe un sueldo, no es un abogado independiente”, explicó.
Sin embargo, las denuncias que hasta ahora ha planteado Cruz no están referidas a la entidad donde trabaja, sino a otros temas, por ejemplo, contra exautoridades del gobierno de Añez, o líderes opositores.
La pasada semana, presentó una denuncia penal contra el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Freddy Machicado, sin embargo, la misma también fue rechazada por la Fiscalía.
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