El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, amenazó con tomar las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y expulsar a los vocales y jueces que son parte de la institución sino reciben una respuesta sobre el caso "golpe de Estado" del 2019.

“Pedimos al poder judicial que actué porque hasta fecha no tenemos respuestas del ‘golpe de Estado en 2019’, de los fallecidos de Senkata y Sacaba. No sólo es el tema laboral, no sólo es restitución de derechos laborales, sino tenemos un montón de denuncias hasta la fecha que el poder judicial no ha respondido. La determinación de esta reunión ha sido, si el poder judicial no actúa los trabajadores vamos a ir a tomar el Tribunal Supremo de Justicia en Chuquisaca. Vamos a ir en una gran marcha a tomar, botar y a expulsar a (los) malos jueces y malos vocales que están en contra del pueblo boliviano, porque así nomás nos vamos a hacer respetar”, manifestó Huarachi.

El dirigente obrero dijo que están cansados de esta justicia “podrida” porque las víctimas estarían peregrinando para que el TSJ se pronuncie sobre los fallecidos en Sacaba de Cochabamba y Senkata de El Alto.

“(El resultado de) la reunión es puntal, sino quieren trabajar, sino quieren hacer lo que se les ha encomendado, a través del voto del pueblo se tomará acción. Así estemos cerca a las elecciones, si tiene que irse, tiene que irse; si tienen que asumir los suplentes, vamos a hacer que asuman ellos para tener una justicia verdadera. Así nomás nos vamos a hacer respetar”, advirtió el dirigente máximo de la COB.

El 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una auditoría a las elecciones y determinó que sí hubo indicios de un fraude y sugirió una nueva contienda electoral. La población se movilizó en las calles y los pedidos de renuncia de Evo Morales fueron creciendo.

Huarachi fue uno de los actores que también pidió la renuncia de Morales en noviembre de 2019.

El 2020, la exasambleísta del Movimiento Al Socialismo Lidia Patty presentó una denuncia penal contra exautoridades por un supuesto “golpe de Estado” que derivó en la renuncia de Morales.

El Ministerio Público abrió dos procesos denominados “Golpe I” y “Golpe II”, en este último caso llegó a una sentenciada de 10 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Áñez.

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