Debido a la diversificación y el uso de redes sociales para captar a las víctimas de trata, el Gobierno planteó este sábado modificar la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas que permita sancionar a los implicados en ese ilícito.

“Tiene 10 años de vigencia, ha servido como instrumento legal válido, tenemos personas condenadas, procesos en curso alrededor de 400 procesos, pero necesitamos actualizar la norma, necesitamos atender con esta norma las nuevas formas de captar víctimas que, con la evolución, la modernidad y la tecnología también han evolucionado”, informó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

Se desarrolló un acto en la Vicepresidencia recordando el Día Mundial contra la Trata de Personas donde el Gobierno presentó la política y estrategia contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos 2021-2025, que apunta a cambiar la norma.

A la vez, Siles señaló que otro de los desafíos es implementar la especialización de atención del ilícito en la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el órgano judicial, la creación de juzgados que atiendan específicamente casos de esa índole. Además, consideró que es necesario el incremento en la otorgación de recursos económicos.

“También planteamos la dotación de recursos suficientes acordes a los retos que significa la lucha contra la trata de personas (…) Vamos hacer esfuerzos para asignar mayores recursos a la prevención y sanción”, añadió Siles.

Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, explicó que el plan estratégico tiene cinco hitos de trabajo: construcción de mensajes para audio y producción de materiales, acciones por el Día Mundial contra la Trata de personas, reforzamiento de mensajes en el día nacional contra la trata y tráfico de personas el 23 de septiembre, acciones comunicacionales en el Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre, evaluación del plan anual y sus acciones implementadas.

Con el plan se pretende reducir el número de víctimas, prevenir, atender y garantizar la atención de estos casos en la justicia a través de 12 acciones, entre los que destaca la capacitación de servidores públicos, campañas en medios de comunicación, dotar del equipo pertinente a las unidades que investigan este delito.

Además, se propone la creación de centros de acogida para personas que han sido captadas por redes de trata y tráfico, al igual que realizar acuerdos bilaterales para mejorar la cooperación.

Por otra parte, Siles manifestó que desde el 2015 hasta el 2021 se registraron un total de 2.631 casos denunciados de trata de personas en todo el país, de los cuales solo en 13 se obtuvo una sentencia. Indicó que esa cantidad es insuficiente a comparación de la cantidad de procesos que existen en el país.

“Solo tenemos 12 condenas y eso es muy poco para la cantidad de procesos abiertos en Bolivia. La mayor parte de los casos son archivados por falta de investigación o la identificación de los responsables, por eso es importante especializar la policía”, sostuvo la autoridad.

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