La advertencia que lanzó el Pacto de Unidad de contrarrestar las medidas de presión del comité institucional de Santa Cruz y de los cívicos por el censo, fue minimizada por el presidente del comité cívico cruceño, Rómulo Calvo, quien además tildó a los dirigentes de ser “vividores del Estado”.
“Nosotros restamos importancia a las declaraciones o advertencias que hagan los dirigentes de la COB porque no representan a los trabajadores, para mí son unos vividores del Estado", afirmó el dirigente cívico.
Tras una reunión que se realizó el viernes entre los dirigentes de sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y el presidente Luis Arce, el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, advirtió que se movilizarán en rechazo a las protestas de los cívicos cruceños.
“Se ha resuelto, si ellos se atreven a hacer alguna acción y medida (de presión), nosotros inmediatamente vamos a accionar con marchas, contramarchas, con paros y bloqueos de igual manera”, indicó Huarachi.
Asimismo, Calvo cuestionó el rol del actual dirigente del ente matriz de los trabajadores que en vez defender sus intereses, protege los del Gobierno y de los dirigentes sindicales del MAS. Incluso denunció que reciben beneficios económicos por parte del Estado.
“Todos sabemos que la COB es parte del Gobierno y nunca han defendido a los trabajadores, han sido el brazo operativo del MAS. Se están beneficiando, la cabeza de la COB se está beneficiando económicamente del Estado, abusan de los trabajadores”, añadió.
La postergación del censo para el 2024 generó críticas y rechazo de varios sectores y autoridades, principalmente de Santa Cruz, quienes advirtieron con asumir “nuevas acciones” este sábado si el Gobierno no retrocede en su decisión.
El pasado lunes, Santa Cruz acató su primer paro de 24 horas exigiendo la reprogramación del Censo de Población y Vivienda para el 2023. Se registraron enfrentamientos contra los sectores afines al MAS, quienes rechazaron la medida de protesta de los cívicos.
Esta tarde se reunirá el comité cívico para decidir nuevas acciones en la perspectiva de exigir que el comité institucional de Santa Cruz determine nuevas medidas de presión, con el fin de que el Gobierno tome la decisión de llevar adelante el censo el 2023 y no el 2024 como está previsto.
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