El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Benigno Noza, dijo que la justicia dilató el proceso hasta cansarlos, para dictar sentencias leves contra los acusados, o absolverlos en el proceso penal por la represión a la Octava Marcha de Pueblos Indígenas en Chaparina, durante el Gobierno de Evo Morales.

“Nos cansaron con la dilatación (de la justicia) que han hecho, para que la gente se canse de las audiencias y ya no pueda asistir. Como pueblo indígena tropezamos con los recursos económicos para asistir a las audiencias, yo creo que el Gobierno ha querido cansarnos para salirse con la suya”, dijo a la ANF el presidente del TIPNIS, Benigno Noza. 

El 25 de septiembre de 2011, la Policía intervino violentamente la marcha de los indígenas de tierras bajas que caminaban rumbo a la sede de gobierno en rechazo de la construcción de un camino que atravesaría la reserva del TIPNIS. 

En ese entonces, el ministro de Gobierno era Sacha Llorenti, en la gestión de Evo Morales, la Policía depende de este despacho y actúa sujeta a las decisiones del titular de ese ministerio; en ese sentido, los propios uniformados cuestionaron que la justicia no haya valorado que ellos obedecieron órdenes superiores cuando los hechos de Chaparina.

Luego de 11 años de la represión, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz dictó condena de dos años y ocho meses contra tres generales de la Policía boliviana Oscar Muñoz Colodro, Carlos Flores y Luis Zapata.

Mientras que fueron absueltos Henrry Terrazas y Edwin Durán. Para el exdiputado y una de las víctimas en el caso, Rafael Quispe, los sentenciados cumplieron órdenes de Llorenti y Morales, pero en lugar de investigarlo fueron excluidos del proceso.

Para Noza las autoridades judiciales le aplazaron porque el exministro de Gobierno debería ser sentenciado. “Rechazamos la condena que han dictado (…) llegara su tiempo, este partido de gobierno no está actuando como debería actuar, (pero) si fueran otras las personas afines a su partido ya los habrían sentenciado hace rato”, manifestó.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga indicó que pedirán la ampliación del proceso en contra de Morales y de Llorenti. “Vamos a pedir a la justicia la ampliación correspondiente porque creemos que Evo Morales y Sacha Llorenti han estado a la cabeza de todo esto”, afirmó.

Ninguna autoridad del órgano Ejecutivo, ni el entonces presidente del Estado ni el ministro ni el viceministro de Régimen Interior; tampoco el comandante de la Policía fueron procesados pese a que estaban denunciados. Desde la versión del Ejecutivo la cadena de mando había sido rota, cosa que los efectivos en el juicio desvirtuaron.

Olga Flores, víctima en el proceso, dijo a la ANF que el Ministerio Público prácticamente eliminó a 86 testigos, no valoró el informe de la Defensoría del Pueblo y no actuó en defensa de los indígenas, sino en liberar de culpa a las autoridades políticas.

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