Análisis / Raúl Peñaranda
Debido a la ineficiencia en la defensa de los intereses del Estado por parte de autoridades del MAS, en los casos Quiborax y BBVA el país terminará pagando 129,6 millones de dólares más de lo que esas dos empresas exigieron originalmente para cerrar ambos procesos.
El reciente laudo establecido por la CIADI referido al banco español BBVA, el Estado boliviano deberá pagar 105 millones de dólares por la nacionalización de la AFP Previsión y por haber realizado todo el proceso con suma ineficiencia y lentitud. De hecho, desde el primer decreto supremo de la creación de la Gestora Pública, que reemplazará a las AFP, y firmado en 2010, todavía el proceso no concluye.
El laudo de la CIADI revela que BBVA ofreció 15 millones de dólares por la venta de sus acciones en 2010, pero el gobierno demoró dos años en responder a esa oferta y le propuso a cambio la irrisoria suma de 500.000 dólares, que fue obviamente rechazada, dijo a Brújula Digital el economista José Gabriel Espinoza.
Finalmente, con el laudo conocido la semana pasada, que es inapelable, Bolivia debe pagar 105 millones de dólares, es decir 90 millones más de lo que BBVA demandó inicialmente.
La demora en la aplicación de la nacionalización de las AFP es atribuible al entonces ministro de Economía, Luis Arce, y al viceministro de Pensiones, Mario Guillén. El encargado de la defensa del Estado era entonces el procurador Pablo Menacho y el ministro de Justicia, Héctor Arce.
Otro caso similar, en el que la errónea defensa del Estado terminó provocando pagos muy superiores a los originalmente demandados es el de Quiborax, una empresa minera que operaba en el Salar de Uyuni.
AL resolverse su contrato, esa empresa primero pidió tres millones de dólares, pero el Estado boliviano rechazó esa posibilidad. Luego Quiborax demandó una indemnización de 27 millones de dólares y tampoco la Procuraduría la aceptó, hasta que el fallo final estableció una indemnización de 42,6 millones de dólares.
Durante todo ese proceso, Héctor Arce supervisó esas negociaciones ya sea en su rol como procurador del Estado o ministro de Justicia. En la parte final de la negociación actuó el exprocurador Menacho.
“Estos casos pueden ser perfectamente tipificados como daño económico al Estado, pero evidentemente, con el sistema judicial en manos del gobierno, ello no va a ocurrir”, agregó Espinoza.
El Estado boliviano experimentó hasta ahora al menos 12 derrotas en arbitrajes internacionales que enfrentó por las llamadas "nacionalizaciones" y otras controversias planteadas por compañías internacionales. La suma de esas indemnizaciones, hasta ahora, llegan a 714 millones de dólares.
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