Los diputados del MAS, Ramiro Venegas y Freddy López, insisten con un proceso penal en contra del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el comandante de la Policía, general Jhonny Aguilera, por los tipos penales de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

El diputado Venegas indicó que han iniciado el proceso penal, después de haber recibido una denuncia anónima sobre presuntos hechos irregulares administrativos en la Policía.

Según explicó, las autoridades denunciadas permitieron que mediante una resolución se pague salarios a nuevos subtenientes de la Policía desde el 1 de enero de 2022, cuando recién recibieron sus sables el 27 de enero.

Venegas señaló que, después de la entrega de sables, se emitió la resolución permitiendo el pago de haberes desde el 1 de enero, es decir, con efecto retroactivo.

Los diputados consideran que este acto es ilegal porque la Constitución y las leyes prohíben que se emitan normas de carácter retroactivo. Señalaron que hay un daño económico de un millón de bolivianos por el pago de salarios.

En ese marco, explicaron que la denuncia fue presentada el 16 de mayo, pero en un tiempo récord de cuatro horas, la misma fue rechazada por la Fiscalía.

El diputado Venegas señaló que el rechazo a la denuncia fue indebido y que se debió a un “manoseo”.

Criticó a la justicia y dijo que sólo sabe actuar para los “ricos” y quienes “están en el poder”, a tal punto que rechaza una denuncia realzada por dos diputados.

El legislador informó que ya se ha presentado una apelación, la cual fue revisada por expertos en la materia. Advirtió que si otra vez se rechaza la denuncia, iniciará acciones por prevaricato.

El diputado aseguró que no existe división en el MAS, sino ellos buscan transparentar las actuaciones del mismo gobierno. “El presidente Luis Arce Catacora dijo que nosotros debemos fiscalizar caiga quien caiga”, aseveró.

Agregó que de una vez por todas se debe realizar una restructuración de la justicia. Señaló que si se está obstaculizando una investigación impulsada por diputados, “qué será pues” cuando denuncia un ciudadano de a pie.

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