La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exigió a las autoridades judiciales el respeto al secreto de fuente informativa, protegido por la Ley de Imprenta y rechazó toda acción judicial contraria a este principio.
El pronunciamiento de la ANP surge después de conocerse la advertencia de acciones legales contra el diario Página Siete que fue conminado a revelar sus fuentes en una carta firmada por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Edil Robles Lijerón.
Página Siete denunció, el 1 de marzo, la existencia de sobornos durante el proceso de evaluación para la designación de jueces con pagos de entre $us 3.000 y $us 15.000 por obtener un cargo judicial y acceder a las preguntas de un examen en la Escuela de Jueces.
“Por lo precedentemente glosado y en el marco del art. 24 de la CPE, solicito una retractación o aclaración con nombres y apellidos en cuanto a lo manifestado referente al Órgano Judicial”, señala la carta enviada por Robles Lijerón al medio impreso.
Amparado en la Ley de Imprenta, el periódico explicó a sus lectores que “guardó los nombres de los abogados (denunciantes) en reserva por un pedido de ellos. ‘Es muy riesgoso dar el nombre, por eso nadie quiere denunciar’, dijo uno de los abogados antes de contar su caso”.
La ANP pidió a las autoridades judiciales que las denuncias realizadas por Página Siete y otros medios informativos sean motivo de una investigación, en lugar de acciones que amenazan la libertad de prensa y la Ley de Imprenta, ambas comprendidas en la Constitución Política del Estado (CPE).
El secreto de fuente informativa está protegido por el artículo 8 de la Ley de Imprenta que señala: El secreto en materia de imprenta es inviolable.
En los últimos días, los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera cuestionaron la pluralidad e independencia de medios de comunicación nacional. La ANP rechazó las expresiones calificadas de "autoritarias" y ratificó su defensa por el trabajo periodístico libre y protegido por el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado (CPE) que permite a los ciudadanos emitir libremente sus opiniones, sin censura.
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