El experto Guillermo Torres Orías, exministro de Hidrocarburos de la gestión de Carlos Mesa, consideró que es un “ejemplo terrible” el pago que está realizando YPFB a las 6 federaciones del trópico de Cochabamba de 1,6 millones de dólares por compensación de impacto socio-ambiental de un gasoducto.

“Hacer un pago en la forma que se está queriendo hacer a todo un grupo social, sería un ejemplo pero terrible para el futuro del desarrollo del transporte del gas y del petróleo en todas las zonas del país”, afirmó Torres.

El experto señaló que con este antecedente pueden aparecer otros grupos que empezarán a pedir y hacer fuerza para tener tratos similares.

“Con el poder que están adquiriendo ese tipo de instituciones, se está entrando en un proceso anárquico y de pérdidas económicas para el país y eso no se debe permitir en ningún caso”, afirmó.

Explicó usualmente ya se paga las indemnizaciones por expropiaciones de terreno cuando se tiene el diseño para la línea del ducto. 

Asimismo, Torres aseveró que no existe un impacto ambiental de un ducto, a menos a que se rompa. Aclaró también que la compensación ambiental se daría en casos de exploración y explotación de hidrocarburos.  

La polémica surgió después de que el dirigente del Trópico, Evo Morales, reveló que la organización recibiría la compensación de YPFB. La empresa estatal precisó que el monto es de 1,6 millones de dólares por el impacto del gasoducto

Cochabamba-Carrasco, de los cuales ya se pagó la mitad y que el restante 50% está sujeto a que se demuestre avance de proyectos de estaciones de servicio.

El exministro Torres consideró “absurdo” lo que ocurre actualmente y señaló que “se han inventado” un problema ambiental. Detalló que el gasoducto en muchos lugares está totalmente enterrado a casi 80 cm de profundidad y que, donde no está bajo tierra, consiste en una línea de 30 cm. ¿Qué daño ambiental va hacer ni a la fauna ni a la flora?”, cuestionó.

Manifestó que en este caso corresponde que desde el Asamblea Legislativa se pida informes al gobierno sobre los pagos que ya se hicieron en este proyecto por el derecho de línea, y que parlamentarios hagan el trabajo de verificar la legalidad de las compensaciones.  

Recalcó que el actual problema “es una cosa anárquica que está pasando” y que se debe evitar, puesto que en adelante se podrían formar grupos para presionar al gobierno y pedir este tipo de tratos, como lo tienen las federaciones del trópico.

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