Los gobernadores del país se declararon en estado de alerta y demandaron al Gobierno nacional compensaciones económicas para asumir el encarecimiento del diésel, tras la eliminación de la subvención estatal. La postura se definió en una reunión sostenida este jueves en la ciudad de Santa Cruz, donde las autoridades departamentales establecieron un plazo hasta el 31 de octubre para que el nivel central atienda sus requerimientos.
Las administraciones departamentales fundamentaron su reclamo en que los presupuestos de la gestión 2026 fueron calculados con un combustible tasado en Bs 6,73 el litro. Sin embargo, el Decreto Supremo 5716 dispuso una cotización sujeta al mercado internacional que rebasó los Bs 17 por litro.
Ante ese escenario, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, leyó las conclusiones del bloque y demandó “disponer de las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación que compense el diferencial del precio del diésel consumido para la prestación de los servicios y el ejercicio de las competencias departamentales, en particular el mantenimiento de la red vial departamental, los servicios de salud, la operación de maquinaria y equipo”.
