De cara al juicio previsto para principios de 2027, la Fiscalía de Estados Unidos solicitó al tribunal federal incorporar como pruebas clave comunicaciones cifradas y presuntos pagos de sobornos realizados por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Mediante mociones previas presentadas esta semana ante el juez de distrito Rossie Alston Jr., el Departamento de Justicia argumentó que este material es indispensable para demostrar al jurado el alcance real de la red global de narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo liderada por Marset, según reportó el Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP).
De acuerdo a los documentos, los fiscales sostienen que Marset dirigía su organización criminal de manera "despiadada y brutal", combinando el asesinato y el uso de explosivos contra agentes que no cedían a la corrupción, con un esquema sistemático de sobornos para coaccionar a las instituciones estatales.
En el caso específico de Bolivia, la denuncia estadounidense detalla que los pagos ilícitos permitieron al acusado recibir archivos confidenciales sobre investigaciones de narcotráfico por parte de las fuerzas del orden, evadir operativos destinados a su captura y obtener notificaciones anticipadas sobre reuniones sostenidas entre agentes de la DEA y autoridades bolivianas.
El impacto de estas revelaciones ya tuvo repercusiones directas en el país. Tras la captura de Marset en una redada de madrugada en Santa Cruz el 13 de marzo de 2026 y su posterior expulsión a Estados Unidos, el acusado declaró ante la DEA que mantenía una amistad con el exfiscal general Roger Mariaca, y que realizaba pagos para garantizar su protección.
Actualmente, Mariaca y varios exfuncionarios del Ministerio Público guardan detención en una cárcel de Potosí, en medio de una purga institucional que siguió al retiro de visas estadounidenses a autoridades políticas y judiciales bolivianas.
Mensajes de la red Sky ECC y testigos clave
La Fiscalía busca además que el juez admita tres pilares probatorios adicionales para sustentar la acusación de conspiración para el blanqueo de capitales y crímenes violentos.
Los investigadores identificaron 12 números de identificación personal (PIN) dentro de esta plataforma encriptada —tres de ellos atribuidos directamente a Marset—, los cuales contienen fotografías de sus tatuajes, su familia y hasta la imagen de una persona asesinada presuntamente por orden suya.
Se solicitó incluir las declaraciones de un agente encubierto y de un co-conspirador no imputado para detallar cómo se movían los fondos ilícitos desde Europa hacia Sudamérica y la documentación independiente que vincularía al acusado con homicidios y atentados contra fuerzas de seguridad.
La estrategia de la defensa
Los abogados de Marset intentan frenar la admisión de estas pruebas. La defensa argumenta que los cargos iniciales de lavado de dinero carecen de validez porque se basaron en una única transferencia entre Portugal y China que no pasó por servidores bancarios estadounidenses, y sostienen que su cliente nunca traficó drogas hacia territorio de EEUU.
Asimismo, solicitaron al juez Alston excluir del juicio cualquier mención a delitos violentos ajenos a la definición legal de narcoterrorismo, incautaciones de droga en aguas internacionales cerca de África y registros bancarios no vinculados directamente a los cargos formales.
Hasta el jueves, el magistrado aún no había emitido su fallo sobre estas siete nuevas mociones ni sobre las impugnaciones previas presentadas por la defensa.
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