“Radical”, “discriminatorio” y “anticonstitucional”, así calificó la exdiputada del Movimiento al  Socialismo (MAS), Lidia Patty, a los dos decretos que obligan al ciudadano a caminar con el carnet de vacunación o la prueba PCR negativa desde el 1 de enero. Exigió al Ministerio de Salud autorizar a los Kallawayas (médico tradicional) a extender un carnet para quienes vencieron el coronavirus con la  medicina natural y que tenga el mismo valor que el carnet de vacunación.

En criterio de la exparlamentaria, hay bastante gente en el área rural que se siente discriminada por los decretos supremos 4640 y 4641 porque no toman en cuenta los beneficios de la medicina natural a pesar de estar reconocida en la Constitución Política del Estado. Le recordó al Gobierno que en el 2020, cuando aún no había vacunas, la medicina natural curó a mucha gente del coronavirus (Covid-19).

“Los Kallawayas, (conocidos como) médicos tradicionales nos han curado, aunque muchas a veces nos hemos automedicado aplicando nuestra medicina tradicional. Por eso he presentado (una petición) al Ministerio de Salud para que autorice a los hermanos Kallawayas a que puedan dar una certificación como ahora se está dando el carnet de vacunación”, declaro Patty a la ANF.

Sostuvo que hay bastantes personas en el área rural que están susceptibles con lo que pueda pasar a partir del 1 de enero, muchos se imaginan que ni siquiera podrán ir a comer a una pensión y los niños no podrán ir al colegio sino cuentan con el carnet de vacunación o la prueba PCR negativa.

Coartan al indígena el derecho a curarse con medicina natural 

Consideró que los decretos sobre la vacuna coartan el derecho de los indígenas a curarse con la medicina ancestral. Además, al obligar de manera indirecta la vacunación, también prohíben el ingreso a las entidades bancarias; planteó una revisión de ambas normas.

Apunto a los ministros de inducirle al presidente Luis Arce de crear decretos de esa magnitud y de forma equivocada. “Ese decreto coarta el derecho (de locomoción) a los hermanos y a las hermanas, los niños también ya no van a poder estudiar, ni se van a poder acercar al centro de salud”, protestó. 

En su criterio, los bolivianos se verán limitados en varios de sus derechos reconocidos en la Constitución.

El Gobierno de Luis Arce decretó que, desde este 1 de enero, la población tendrá que caminar con el carnet de vacunación o con una prueba PCR negativa, para ingresar a las instituciones públicas y privadas, o donde exista aglomeración de personas. Según la viceministra de Salud, Alejandra Hidalgo, el costo de las pruebas PCR asciende a Bs. 800.

Costear la PCR es una medida radical y difícil de cumplir

Patty observó el alto costo de las pruebas PCR, dijo que coloca a los ciudadanos entre recibir la vacuna de forma gratuita, o la opción difícil que es hacerse la prueba al menos dos veces por semana.  

“Por eso tiene que haber nomás para los que se han sanado con medicina tradicional (un carnet), tiene que respetar la decisión de algunos de los hermanos que no están accediendo a la vacuna”, expresó.

Recientemente, el vicepresidente David Choquehuanca recibió muchas críticas porque no se hizo vacunar con la Covid-19. Reveló que combatió la enfermedad con medicina natural y ancestral, dijo que incluso llegó a comer pasto para vencer el coronavirus en al menos dos oportunidades. Al final anunció que recibirá la vacuna después de las fiestas de fin de año.

No existen registros científicos de que la medicina natural pueda sanar a las personas contagiadas con el coronavirus, pero el 2020, cuando llegó la pandemia al país mucha gente acudió a esos tratamientos. Incluso desde el Trópico de Cochabamba salieron a los medios a enseñar cómo preparar mates y jarabes de hierbas para quienes tenían los síntomas de la enfermedad.

Actualmente, en el país surgieron voces que están en desacuerdo con la obligatoriedad de portar un carnet de vacunación o una PCR negativa, el Gobierno aclaró que la vacunación no es obligatoria, no obstante, para una serie de actividades como el ingreso a instituciones públicas y privadas, los ciudadanos tienen que portar el carnet de vacunación. 

Sin embargo, el país registró los niveles más altos de contagio desde que la pandemia apareó en maro de 2020.

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