El alcalde Iván Arias cumplió siete meses de gestión con una Ley de Fiscalización impuesta desde el mismo Concejo Municipal, con una bancada propia dividida y una oposición que se maneja según la brújula de cada concejal del MAS.

Arias dijo en el aniversario de la Cámara Nacional de Industrias el pasado viernes, que cumplía 210 días con 800 obras en su haber entre concluidas y en ejecución, cumpliendo su promesa de trabajar todos los días mañana, tarde y noche.

Durante este tiempo, el alcalde gobernó sin mucho el apoyo del Concejo porque la bancada oficialista quebró su unidad en varios actos de fiscalización y ante leyes importantes que nacieron desde la oposición, como la Ley del Perdonazo Tributario, Ley de Regularización de Construcciones fuera de norma y la flamante Ley de Fiscalización y Auditorías.

Esta última norma no da lugar a eludir ni dilatar ningún acto de fiscalización a los secretarios del Ejecutivo Municipal, que pueden acabar censurados y/o destituidos en dos sesiones.

“Mas que fiscalización es una ley de coerción, intentan que el alcalde no dé un paso a la izquierda ni a la derecha, que se mantenga estático y cada rato esté dando informes antes que estar trabajando”, declaró Arias poco después que el Concejo caiga en manos del MAS y apruebe el 1 de diciembre esta ley, ante el abandono de su presidente Jorge Dulon por estar en desacuerdo.

No se sabe si la Ley de Fiscalización será devuelta con observaciones o promulgada por Iván Arias, pero lo cierto es que si entra en vigencia, la oposición tendrá un arma letal para tener en vilo a la débil gestión de la alianza “Por el Bien Común-Somos Pueblo” (PBCSP), donde el “voto de oro” está en manos del partido de Rafael Quispe, quien mueve el péndulo de la bancada oficialista en calidad de asesor político de su concejal Lourdes Chambilla.

Y fue precisamente Chambilla y la concejal Lucía Mamani, quienes dieron quórum a la sesión que condujo la vicepresidenta Eliana Paco (MAS), para descongelar el proyecto de Ley de Fiscalización retenida desde julio pasado, porque Dulon no quiso ponerla en debate y al contrario intentaba llenar el vacío jurídico con un nuevo Reglamento Interno.

A siete meses de instalado el nuevo gobierno municipal, la oposición tampoco dio señales de unidad interna y la agenda que impuso fue a iniciativa de cada uno de los concejales que enfrentaron su mayor crisis tras la aprobación de la Ley de Regularización de Construcciones, que ha motivado la intervención disciplinaria, sin éxito, de la Dirección Departamental de La Paz del MAS.

Cada concejal masista se maneja de forma independiente y esto ha generado polémicas en redes sociales, con denuncias de traición política al MAS, supuestos actos corrupción, de contratar gente sin haber hecho campaña electoral, menos tener compromiso político con el partido de Evo Morales. 

Esta es la lucha interna de la oposición que se une para lanzar permanentes amenazas de juicios al alcalde Arias, quien tiene pendiente las investigaciones sobre el mal manejo económico que él mismo atribuyó al exalcalde Luis Revilla y que la oposición lo maneja con cheque sin fondo para endosarlo cuando se habla de lucha contra la corrupción y transparencia. 

Con motivo de las fiestas de fin año se prevé una pausa en el Concejo Municipal, que se ha convertido en un escenario donde la oposición busca protagonismo mediático en cada sesión y los oficialistas no acaban de sellar su unidad interna.

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