La imputación de la Fiscalía contra exjefes militares en el caso denominado “golpe de Estado II” expone una tesis del Ministerio Público en la cual señala que hubo una “investidura irregular”, una “supuesta presidenta”, “ruptura del orden constitucional” “puesta en escena”, “premeditado plan” y “usurpación de la soberanía popular” en los hechos que derivaron en la asunción de Jeanine Añez en noviembre de 2019.
La imputación, firmada por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala, es por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Los sindicados son el exjefe de Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta; el excomanadante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros; y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury, todos que participaron en la conferencia de prensa donde el 10 de noviembre de 2019 se sugirió la renuncia de Evo Morales, a la cabeza de Williams Kaliman.
En las conclusiones que expuso la Fiscalía en la imputación se señala que los exjefes militares tuvieron una “participación dolosa” en lo que denominó como “el acto final de investidura presidencial irregular".
Para la Fiscalía, la “sugerencia” de renuncia, tenía un “carácter de imposición” efectuada al presidente constitucional y que emitirla fue una decisión tomada en consenso por los imputados juntamente con Kaliman.
La imputación acusa a los exjefes militares de “haber apoyado y colaborado a la ex senadora Añez en su autoproclamación, siendo que no se constituyó sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional alguna”.
“No permitieron la continuidad legitima en el titular del poder ejecutivo, perpetrando hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular, de los poderes constituidos legítimamente y la violación de los principios democráticos para consolidar una sucesión presidencial anómala violentando la legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional, actos propios de autores que proceden conjuntamente con JEANINE AÑEZ CHAVEZ y sin cuya participación y cooperación no habría podido concretarse el hecho antijurídico”, afirma la imputación.
También los fiscales señalan, en el documento, que se puede advertir una “sincronía perfecta en el premeditado plan que existía”, puesto que un día antes de la asunción de Añez se tramitó el retiro de la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia.
En este caso se investiga los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la asunción de Jeanine Añez el 12 de noviembre, cuando siendo vicepresidenta segunda del Senado llevó adelante sesiones para asumir primero la presidencia de la Cámara Alta y luego del Estado, ante las renuncias públicas y ausencia de autoridades superiores.
La imputación señala que los exjefes militares avalaron la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta del Estado Plurinacional Bolivia, sin competencia para hacerlo y fuera de la Asamblea Legislativa”.
En el caso de Gonzalo Terceros, excomandante de la FAB, la Fiscalía además le endilga haber ordenado “el transporte de asambleístas nacionales afines a la ex senadora Jeanine Añez Chavez para desarrollar la puesta en escena de las supuestas sesiones tanto del senado como de la asamblea”.
“(…) existía un plan de concretar los hechos ilegales con la participación de diputados y senadores suplentes cuando expresamente los reglamentos generales de senadores y diputados refieren que las habilitaciones de suplentes las hacen los propios titulares”, sostiene el documento emitido por los fiscales.
Además, se acusa a Terceros de haber apoyado “ afanes delictivos y de incumplimiento de la Constitución Política del Estado al favorecer la llegada solamente de algunos parlamentarios a la asamblea legislativa y restringir otros o facilitar que el comandante de la casa militar retire la medalla presidencial del banco central de Bolivia el mismo 11 de noviembre de 2019, sin haber aceptado o rechazado la renuncia y mucho menos investir o instituir esos símbolos patrios absolutamente nadie porque no es atribución y finalmente reconocer o cuadrarse con quien asumió la presidencia en medio de ilegalidades”.
El abogado de Jarjury y Terceros, Eusebio Vera, observó la imputación de los fiscales y señaló que tiene “varias apreciaciones de carácter abstracto y “está llena de suposiciones y conjeturas”.
“En esta imputación en toda su extensión hace referencia a actuaciones realizadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los Comandantes en 2019 (Terceros y Jarjury) en ningún momento se han constituido en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, aseveró.
También el abogado negó que sus defendidos hayan participado en la instrucción de retirar la medalla y banda presidencial antes de la asunción de Añez.
Respecto a la acusación contra el general Terceros, el abogado, anteriormente, refirió que el traslado de asambleístas para sesionar no era selectivo ni discriminatorio.
“La declaración del general Terceros ha establecido que el día 11 (de noviembre), mientras hacía el recorrido de un patrullaje por la ciudad de La Paz vía aérea, el general Kaliman habría ordenado que se constituyan a las ciudades de Cochabamba, Tarija y Sucre a objeto de que puedan asambleístas del Órgano Legislativo ser trasladados hasta la ciudad de La Paz, a objeto de resolver el quórum correspondiente y resolver este vacío de poder que estaba atravesando en ese momento el Estado boliviano”, detalló el jurista.
Los exjefes militares mencionados ya están con detención preventiva por el caso “golpe I” y ahora, con la imputación, la Fiscalía está solicitando otra detención preventiva de seis meses. El abogado Vera cuestionó que se esté pretendiendo procesar a sus defendidos en dos casos por los mismos hechos.
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