La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó este jueves que en 11 días de conflicto de Adepcoca, la institución registró entre cocaleros y policías 32 heridos, 69 detenidos.
Entre los heridos hay 25 civiles y siete policías -tres mujeres y cuatro varones-, y entre los detenidos nueve son mujeres y 60 varones, 10 de éstos se encuentran aún en calidad de aprehendidos.
Si bien el ejercicio de la protesta tiene un marco constitucional de protección y las tareas de orden interno se hicieron necesarias, la intervención defensorial constató afectaciones a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, comerciantes y vecinos de las zonas Villa Fátima y Villa El Carmen, producto del uso indiscriminado de explosivos y gases lacrimógenos que ha derivado, también, en daños materiales a la propiedad privada y pública como el incendio del módulo policial de la EPI Minasa y la afectación del Hospital San Francisco de Asís, sin considerar la existencia de pacientes internados.
La Defensoría del Pueblo dijo que, durante este conflicto, ha realizado varias acciones de acercamiento con las partes y ha convocado en cinco oportunidades a instalar una mesa de diálogo para resolverlo de manera pacífica; sin embargo, señaló, las dirigencias no han depuesto posiciones antagónicas manteniendo la confrontación en el sector hasta la fecha.
Durante los últimos 11 días, además de realizar monitoreo y seguimiento al conflicto, realizar verificaciones in situ y emitir denuncias públicas y formales ante el Estado, la Defensoría del Pueblo ha tomado contacto con la dirigencia de las mujeres que son parte del comité de autodefensa del sector cocalero movilizado, y con la dirigencia que se encuentra en posesión del mercado de la coca, a fin de generar un espacio de diálogo entre todas y todos, sin éxito.
La Defensoría del Pueblo instó a Adepcoca a buscar y fortalecer la unidad de las y los socios productores de la hoja de coca y generar un solo espacio conjunto en el que se pueda lograr la solución del conflicto, “que los tiene divididos desde hace años, y posibilitar la pacificación que ansía toda la población”.
La Institución Defensorial reiteró sus buenos oficios para ser veedora de este posible escenario a fin de coadyuvar en la búsqueda de soluciones, con la esperanza de que las dirigencias depongan posiciones por el bien de los Yungas.
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