La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron la incorporación de una disposición que pone en riesgo el “secreto de fuente” o “secreto profesional”, en el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El artículo 11 del proyecto normativo señala que en una investigación por la vía ordinaria no se podrá invocar el secreto profesional, reserva o confidencialidad. Además otorga a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) la potestad de requerir información de forma directa, sin la necesidad de una orden judicial.

“No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”, señala el enunciado.

El viernes por la madrugada, la norma fue aprobada por la Cámara de Diputados,  ahora falta que sea tratada en la Cámara de Senadores antes de que sea promulgada por el Ejecutivo. Los opositores cuestionaron el proyecto porque vulnera el debido proceso y otorga atribuciones irrestrictas a la UIF.

Ambas instituciones consideraron que la norma impulsada por el oficialismo, vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE) que instruye la regulación de la actividad periodística por la Ley de Imprenta, el artículo 8 de dicha norma expresa que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”.

Asimismo afirman que la imposibilidad de invocar el secreto profesional ante una orden de la UIF, implica que los periodistas no podrán usar su derecho a otorgar la reserva o el anonimato a aquellas fuentes que así lo soliciten, antes de denunciar o revelar irregularidades en un determinado caso.

Al eliminar el secreto de imprenta, se intenta instituir una “ley mordaza” para evitar que el periodismo investigue los malos manejos y así aumentar el secretismo y la opacidad en la administración de los recursos públicos, con lo cual la democracia se debilita y se incrementa la corrupción.

Los gremios periodísticos advirtieron que no es la primera vez que el Movimiento al Socialismo (MAS) fiel a sus inclinaciones autoritarias, busca imponer una “ley mordaza” y silenciar a los periodistas.

En consecuencia, este sector de mayor vida institucional en el país se declaran en emergencia ante este burdo intento de silenciar al sector y exigen la plena vigencia del secreto de imprenta, incluido en sus normas de regulación y autorregulación, y anuncian que harán llegar su denuncia a entidades internacionales que protegen la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay democracia y la democracia muere cuando no hay luz ni transparencia.

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