El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ratificó este miércoles que no halló crímenes de lesa humanidad en los hechos de septiembre a diciembre de 2019, sin embargo no descartó que otra instancia, con mejor acceso a la investigación, encuentre estos delitos.
“Nosotros no encontramos elementos suficientes, de las pruebas que observamos, para determinar que se hagan esos criterios que hace que ciertas violaciones de Derechos Humanos adquieran la característica de crimen de lesa humanidad porque el crimen de lesa humanidad requiere una un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, con conocimiento del ataque, lo que supone organizaciones de poder alrededor de instituciones estatales, pero también de civiles o de actores no estatales que, en lo que pudimos nosotros investigar, no encontramos evidencia de ello”, afirmó Juan Méndez, miembro del GIEI.
Sin embargo, no descartó que otra instancia, con mejor acceso a la investigación, pueda encontrar los elementos de ataque sistemático generalizado a la población civil, con conocimiento del ataque, “que nosotros como no estábamos haciendo investigaciones penales sino de responsabilidad del Estado, no estábamos en condiciones de hacer”, dijo Méndez, durante la presentación del informe en Senkata, El Alto.
Ratificó que el GIEI identificó en el informe graves violaciones a los Derechos Humanos y agregó que estos, en derecho internacional, tienen efectos jurídicos muy parecidos a los crímenes de lesa humanidad como ser que no prescriben con el paso del tiempo, que no se aplican a ellos formas de amnistía, indulto o de supresión de la posibilidad de investigar, que se requiere que las víctimas reciban compensaciones, tanto monetaria como simbólicas; aspectos que fueron mencionados en el informe. “El Estado está en la obligación de cumplir con esas obligaciones”.
El GIEI concluyó en su informe que lo ocurrido durante la crisis política de 2019 “involucra la responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de ése año, periodo en el que Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al mando del país. Los hechos dejaron al menos 37 muertos.
Estableció que se cometió masacre en Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y Senkata, en la ciudad de El Alto, durante la gestión de Áñez.
Durante la gestión de Morales, hace referencia a las Caravanas del Sur, del 9 de octubre, el GIEI dice que se verificó que los enfrentamientos en Vila Vila y en el ataque a la Caravana de Mineros fueron resultado de una polarización “estimulada por agentes del Estado y políticos”. Se identificó evidencias de que integrantes del Gobierno de Morales estuvieron involucrados en la organización y apoyo de los bloqueos y, cuando menos, “asumieron los riesgos de que hechos de violencia pudieron ocurrir”.
Según el informe, funcionarios y autoridades del Estado no solo dejaron de cumplir con su deber de prevenir y sancionar la violación de Derechos Humanos, sino que fueron más allá, asumiendo un rol de complicidad.
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