El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó este miércoles su informe final ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que urgió la necesidad de una reforma judicial para que sea “independiente de la política” e imparcial para servir a la ciudadanía.

El mensaje fue reiterado una y otra vez por los miembros del GIEI. La experta Patricia Tappatá manifestó que el objetivo es para “superar la percepción extendida de impunidad” tras los hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis política de 2019.

Mientras que Julián Burger señaló que es fundamental una “Reforma de la justicia para que sea independiente de la política y sirva de manera imparcial, justa a toda Bolivia”.

El GIEI detectó que la “justicia fue incapaz de evitar las detenciones ilegales y arbitrarias o de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos. Por el contrario, el poder judicial y el Ministerio Público fueron actores de investigasen sin debida diligencia, sin debido proceso, permitieron el uso de la justicia para la persecución política”, manifestó Marlon Weichert.

El grupo de expertos planteó al menos 60 recomendaciones en los capítulos y 36 recomendaciones finales. Una de ellas se refiere a los planes de investigación los que deben apuntar a “que haya justicia”, es decir que se investiguen los hechos de manera seria, diligente, exhaustiva y con el debido proceso en el juzgamiento y sanción de los responsables.

Incluye “Reabrir los casos cerrados por no haber sido investigados”, asimismo aquellos que fueron “ignorados”, y priorizar la investigación de los hechos vinculados a violencia sexual o por razón de género, manifestó Magdalena Correa.

Acotó que se recomienda “fortalecer el Estado democrático de derecho, las instituciones y el sistema judicial”, que en la línea del relator de la ONU Diego García-Sayán “apuntan a adelantar y concretar y llevar a buen término con la urgencia una reforma profunda a la justicia, para garantizar independencia judicial en todas sus vertientes y las injerencias del poder Ejecutivo”.

Ratifican que el informe no establece si hubo "fraude o golpe"

Tappatá y Burger aclararon que el informe del GIEI no establece nada respecto a que, si hubo “fraude electoral” o “golpe de Estado”, porque no fue el objeto de investigación.

“El GIEI no ingreso en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral se constituyeron en fraude o golpe de Estado”, precisó la experta.

Su colega Burger insistió en el tema “Subrayar lo que no dice el informe. No dice que hubo fraude electoral ni que hubo un golpe de Estado. son juicio que el GIEI no consideró”, al precisar que el reporte tampoco dice “que el gobierno interino hubiera cometido un genocidio, no llegó a esa conclusión”.

Su relato inicia desde 2005 y llega hasta las elecciones de 2019. “Repasa las distintas decisiones y eventos vinculados a la institucionalidad política y al equilibrio de poderes en el Estado plurinacional de Bolivia, para narrar el modo en que las conductas de los distintos actores, funcionarios públicos, los líderes de partidos políticos y movimientos sociales y en particular las fuerzas armadas y policiales fueron diseñando un camino que por momentos desdeñaron el funcionamiento de los mecanismos de la democracia y avanzó sin percatarse de cuánto había alterado la confianza y credibilidad de la ciudadanía”, dijo Tappatá.

Acotó que los hechos graves de 2019 no sucedieron de manera “inesperada” sino que fueron precedidos de una espiral generadora de violencia tanto por los discursos y las demostraciones callejeras que expresaban simpatías ideológicas y políticas descalificando al adversario tanto por sus convicciones como por su pertenencia étnica.

Ratificó que se cometieron masacres, pero no genocidio

Los expertos durante ocho meses en el país realizaron 400 entrevistas a las víctimas, actores sociales, políticos, institucionales gubernamentales, policiales militares y de la sociedad civil; asimismo, revisaron miles de documentos y expedientes, revisaron material multimedia.

Los cinco miembros ratificaron en su informe final que el 2019 se produjo masacres en Sacaba y en Senkata, porque se mató a gente que estaba en una protesta, al reforzar que existió un uso excesivo y desproporcional por parte de las fuerzas de seguridad.

Weichert complementó que “la explosión de violencia no fue inesperada fue presidida por discursos antagónicos, por decisiones políticas que pusieron intención en el funcionamiento de la democracia y el estado de derecho”.

El GIEI hizo recomendaciones sobre reparación de las víctimas que incluye medidas de reparación, como de satisfacción y no repetición. También sugiere “revisar y fortalecer la institucionalidad e independencia de los órganos del sistema electoral y justicia electoral.

Asegurar la imprescriptibilidad de la acción penal, combatir el abuso de la detención preventiva Adecuar los tipos penales sedición, terrorismo a efectos de enmarcarse en marcos internacionales.

El embajador de Bolivia ante ese organismo, Héctor Arce, rindió un homenaje a los muertos durante la crisis de ese año.

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