La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a una delegación para que verifique si el Gobierno cumplió con la recomendaciones del informe que entregó hace un año el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos suscitados durante la crisis política de 2019.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha delegado a un grupo de personas para que desde hoy se constituya a Bolivia y empiece a trabajar para verificar el cumplimiento o incumplimiento de las 36 recomendaciones del informe final del GIEI. Este informe ha sido presentado el 17 de agosto del 2021 en el Banco Central y señor Presidente del Estado lo ha recibido, él se ha comprometido a cumplir las 36 recomendaciones”, indicó David Inca, activista de derechos humanos y representante de las víctimas de Senkata y Sacaba.

La delegación tiene programado visitar la iglesia San Francisco de Asís de Senkata, El Alto, para reunirse con las víctimas a las 14.00 de mañana. Dos días después, el jueves, se reunirán con los afectados de Sacaba en el puente Huayllani, Cochabamba, para escuchar desde la parte interesada los avances de las 36 recomendaciones que el Gobierno debería estar cumpliendo.

“Eso no quiere decir que sólo con los dos (grupos se va reunir), sino que se va reunir con las demás asociaciones de víctimas, ya sea aquí en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz y también con el Gobierno. Entonces, (la delegación) quiere recibir un informe con todos los actores sobre cuáles (recomendaciones) se han cumplido y cuáles por qué no se han cumplido”, explicó Inca.

En diciembre de 2019, la CIDH y Bolivia suscribieron el "Acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”. El 23 de noviembre de ese mismo año se conformó el GIEI y desde ese entonces trabajó un informe con base a los datos que ofrecieron los actores sobre lo sucedido en la crisis política.

El 17 de agosto de 2021, el GIEI presentó públicamente su Informe Final en el Banco Central y emitió 36 recomendaciones dirigidas al Gobierno, a la sociedad y a la CIDH, una de ellas era implementar un mecanismo especial para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones.

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