El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentará este viernes su informe final sobre los hechos ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019 y se estima que hasta el 5 de agosto se pueda hacer público el documento.
El organismo, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comenzó su trabajo en noviembre del año pasado y durante más de seis meses recabó testimonios y documentos sobre las masacres en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, confirmó la entrega del documento final este 23 de julio ante la Cancillería, aunque dijo que puede recibirlo también al embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta.
Posteriormente, el Gobierno tiene 10 días hábiles para poder revisarlo, lo que no implica que se pueda realizar algún cambio, solamente se tomará conocimiento del trabajo desarrollado.
“Como Gobierno, una vez transcurrido ese plazo que podría ser de 10 días, 48 horas, o 5 días; en el plazo máximo de 10 días que va a tener el Gobierno de Bolivia, le vamos a comunicar oficialmente nuestra postura a la CIDH y ellos podrían aceptar o negar las observaciones o precisiones que realicemos”, afirmó Lima.
Una vez que el organismo responda al Gobierno, se podrá tener un documento del informe oficial. “Yo estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto, la primera semana de agosto recién se pondría en conocimiento público el informe por este procedimiento que está aplicado en el protocolo”, añadió el ministro.
El informe que emita el GIEI no equivale a una sentencia ni tampoco a una opinión consultiva, sino a las presuntas violaciones a los Derechos Humanos que habrían ocurrido entre el 1 septiembre al 31 de diciembre de 2019.
Según Lima algunas partes del documento serán de carácter vinculante y en otras solo podrían ser de recomendación. “Esto lo vamos a analizar y lo vamos a procesar y vamos a dar una información oficial en cuanto tengamos conocimiento del mismo”, añadió.
Uno de los aspectos que podría ser vinculante es sobre la reparación integral del daño a las víctimas de las, consideradas “masacres” de Senkata y Sacaba donde perdieron la vida al menos 20 personas en medio de los operativos combinados de la Policía y las Fuerzas Armadas para contener las protestas.
La labor del GIEI inició mediante un acuerdo suscrito por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019.
Durante los meses de violencia, en Senkata, El Alto, perdieron la vida unas 10 personas por impacto de bala, mientras que en Sacaba, Cochabamba, otras 10, en medio de los operativos combinados de la Policía y las Fuerzas Armadas para contener las protestas.
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