La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) expresaron su rechazo al hostigamiento del Ministerio Público a los medios de comunicación de la región  de los Yungas.

El organismo internacional, a través de sus redes sociales, cuestionó los requerimientos fiscales a los medios de comunicación de los Yungas que dieron cobertura a los conflictos donde un policía perdió la vida y otro resultó herido.

“La Misión recuerda que la reserva de la fuente es un derecho protegido por el marco internacional de los derechos humanos y una garantía fundamental para proteger la labor de la prensa y salvaguardar el derecho de la sociedad a recibir información de interés público. Los hechos de violencia deben investigarse exhaustivamente y ser debidamente sancionados sin interferir con el régimen de libertades que resguarda y favorece la actividad de los medios de comunicación en una sociedad democrática”, expresó la OACNUDH.

Por su parte, la ANPB y la APLP cuestionaron el acoso del Ministerio Público a la directora de radio Yungas, Eliana Ayaviri, y al director de radio FM Bolivia, Galo Hubner, y a periodistas de estos medios de comunicación.

Tras los enfrentamientos en el sector cocalero yungueño, la fiscal Odalis Leonor Peñaranda instruyó, mediante requerimientos, que Ayaviri y Hubner entregaran listas de entrevistados y copias de informes periodísticos publicados entre el 3 y 6 de julio, en flagrante contravención a las normas que regulan la actividad periodística en el país.

Las organizaciones lamentan que la fiscal Peñaranda ignore que la labor periodística está protegida por la Constitución Política del Estado (CPE), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley de Imprenta y las normas de autorregulación del gremio periodístico, que coinciden en señalar, con respecto a las fuentes informativas, que el secreto en materia de imprenta o difusión es inviolable.

La CPE garantiza los derechos a la comunicación y a la información de la ciudadanía y mediante el bloque de constitucionalidad consagra el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de carácter vinculante para el Estado boliviano, que señala que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

De la misma forma, el Artículo 8 de la Ley de Imprenta expresa que “el secreto en materia de imprenta es inviolable” y el numeral 5 del Código Nacional de Ética Periodística establece la obligación autorregulatoria de “proteger la identidad de las fuentes confidenciales de información”, si las hubiere, en un trabajo periodístico.

Los gremios periodísticos de mayor vida institucional en el país hacen notar a la fiscal Peñaranda que proteger la identidad de las fuentes informativas es un derecho de los periodistas, que se ejerce cuando la información así obtenida garantiza el derecho a la información de sus titulares, que son las personas, y fortalece el debate público en el Estado Constitucional de Derecho.

“La fiscal Peñaranda se excede en sus funciones al pedir, sin la reflexión necesaria, que Ayaviri, Hubner y sus medios entreguen listas de entrevistados y den detalles de su trabajo con fuentes, en una clara actitud de amedrentamiento y presión, lo cual también está prohibido en el Sistema interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, remarcan.

La ANPB y la APLP piden que cese la presión y el hostigamiento del Ministerio Público contra Ayaviri y Hubner e informan que remitirán una copia de este pronunciamiento a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que esté informada sobre los abusos cometidos por la fiscal Peñaranda. "Reiteramos, finalmente, nuestra convicción de que: SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO HAY DEMOCRACIA”.

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