El representante de Derechos Humanos de El Alto e impulsor del caso Senkata, David Inca, manifestó que las víctimas de los hechos de 2019 son objeto de una manipulación política que busca justificar acciones mediáticas en el caso denominado “golpe de Estado”.

El MAS impulsa el caso “golpe de Estado” bajo el argumento de que se busca justicia por los hechos de Senkata y Sacaba.

David Inca señaló, sin embargo, que en el caso “golpe de Estado” las víctimas que aparecen en el proceso sólo son Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, pero no están en el pliego de denuncia las víctimas de Senkata que fallecieron, fueron heridas o torturadas.

Recordó que el caso sobre Senkata ya se abrió hace un año y siete meses por la Fiscalía y, en todo ese tiempo, sólo se tiene dos cautelados: dos generales de las Fuerzas Armadas.

En cambio, señaló que en el caso “golpe de Estado” se “avanza con mucha prolijidad”, puesto que se tiene 13 imputados y tres cautelados: Jeanine Añez y dos de sus exministros.

“Entonces lamentablemente se ve aquí la manipulación política partidaria de utilizar a las víctimas para justificar algunas acciones mediáticas, pero del tema de (lograr) justicia no se está haciendo lamentablemente este trabajo”, dijo el activista que representa también a la Asociación de Víctimas de Senkata.

Manifestó que todo gobierno, sea de izquierda o derecha, utiliza a las víctimas de acuerdo a intereses mediáticos y de posicionamiento ideológico. Dijo que lo mismo pasó con los hechos de 2003, el caso La Calancha, el tema del separatismo y otros.

“Todo es utilizado políticamente por el gobierno, se de izquierda o de derecha, cuando les conviene utilizan a las víctimas, pero se olvidan de ellas llegado el momento de la justicia”, lamentó.

También criticó la tarea de la Fiscalía respecto a otra investigación, en que los denunciados son 24 personas que se movilizaron en protestas del 11 de noviembre de 2019.

Inca señaló que, en ese otro caso, ya se determinó el sobreseimiento, pero el mismo fue impugnado y pasó al Fiscal Departamental para su ratificación, sin embargo, se encuentra seis meses esperando una respuesta cuando, por norma, el plazo era 20 días para una resolución.

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