Al interior de la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue descubierto un posible daño económico de $us 1.210.000 y se anunció el inicio de un proceso penal en contra de Herland Soliz, expresidente de la estatal, además de Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, del gobierno de Jeanine Añez.
El caso en cuestión es por el Plan Social de Prevención y Control de Contagios de Coronavirus COVID-19 donde se creó la Unidad Médica de Emergencia contra el Coronavirus (UMEC-YPFB), aprobado el 23 de marzo de 2020 mediante la Resolución Ministerial 031-2020.
El presunto hecho irregular fue descubierto tras una investigación realizada por la Unidad de Transparencia de la estatal petrolera. De acuerdo con Erika Chávez, directora de esta repartición, el exministro Zamora “no tenía competencia” para emitir esa resolución, por ello, dijo que sería ilegal.
Esta norma recomendaba a YPFB y sus empresas filiales y subsidiarias que, “de manera extraordinaria e inmediata, destine recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el COVID-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia Contra el Coronavirus”.
De acuerdo con funcionaria, las subsidiarias Transporte, Andina, Chaco, GTB, Transierra, Refinación, Air BP Bolivia y Logística desembolsaron los $us 1.850.000 en diferentes porcentajes, de los cuales $us 1.210.000 fueron ejecutados.
Por este caso, el presidente de YPFB, Wilson Zelaya, anunció que el proceso penal se iniciará por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica ante el Ministerio Público.
Según Chávez, esa resolución conmina a “disponer que YPFB y sus empresas filiales y subsidiarias quedan encargadas de la realización, ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial”.
Para ejecutar adquisiciones y compras de la UMEC, afirmó que no se hicieron cotizaciones ni licitaciones que permitan conocer si los precios pagados fueron competentes con los del mercado como establece cualquier tipo de contratación estatal.
“Se evidenció direccionamiento en la contratación de las empresas, les decían a quién contratar o de quién adquirir el servicio y no hay descargos con relación al destino de los insumos médicos; es decir, que si bien se habría comprado insumos no se conoce si fueron entregados a la población, dónde se encuentran o si se los llevaron”, afirmó.
Además, “en ninguno de los casos los bienes adquiridos por las subsidiarias y filiales entregados a YPFB ingresaron por almacenes, lo que evidencia el incumplimiento de procedimientos”.
Zelaya afirmó haber instruido una auditoría a todas las empresas filiales y subsidiarias para tener mayores detalles y posibles responsabilidades dentro del caso. Además, se realizarán las acciones legales contra las empresas que han incumplido normativas.
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