Dentro de cuatro juicios abiertos por el Movimiento Al Socialismo (MAS), principalmente por la crisis de octubre y noviembre de 2019, nueve exautoridades están detenidas preventivamente en distintas cárceles, mientras que, ahora, con la exministra María Elva Pinckert suman tres los exministros que solicitaron refugio por “persecución política”, informa Brújula Digital.

El domingo, Pinckert, exministra de Medio Ambiente y Aguas durante el gobierno de Jeanine Añez, comunicó desde la clandestinidad, a través de una carta que difundió por redes sociales, que solicitó asilo político y que se puso a buen recaudo en un lugar donde se respeten sus “derechos constitucionales”.

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra de Pinckert el 1 de abril, dentro de un proceso abierto por el supuesto nombramiento irregular de un representante del Ministerio de Aguas ante la empresa de agua de Sucre, debido a que se habría incumplido los requisitos establecidos. La exautoridad no se había presentado a declarar y había solicitado la postergación de ese acto procesal.

“He pedido asilo político como la protección que otorga el derecho internacional de los Derechos Humanos, para ciudadanos que somos perseguidos políticamente por regímenes que no respetan el debido proceso ni los derechos fundamentales de sus ciudadanos”, escribió Pinckert en una carta titulada: “Carta al Pueblo Boliviano”.

Al margen de Pinckert, la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, pidió asilo político a Perú, por considerarse perseguida política, luego de ser acusada de cometer los delitos de sedición, terrorismo y conspiración durante el conflicto poselectoral de 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, después de que éste fue sindicado de cometer fraude electoral en los comicios generales del 20 de octubre de ese año. Este proceso fue denominado “golpe de Estado”.

La Cancillería del Perú divulgó la solicitud de Lizárraga el 16 de marzo e indicó que la misma estaba siendo analizada en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).Este pedido fue hecho por la extitular de Comunicación después de que Áñez fue apresada, también bajo las acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis política que acabó con casi 14 años de mandato presidencial de Evo Morales.

Dentro de este mismo proceso “golpe de Estado”, Yerko Núñez, exministro de la Presidencia, pidió asilo a Brasil, luego de declararse en la clandestinidad y emitir una carta en la que responsabilizó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de lo que pueda pasar con su familia.

Al margen de estas solicitudes de asilo, los exministros Arturo Murillo y Fernando López, de Gobierno y Defensa, también se encuentran en el exterior, para evitar ser sometidos a procesos “políticos”. Se conoció que ambos se encuentran en Estados Unidos, luego de salir de Bolivia Brasil a mediados de noviembre de 2020.

Detenidos

Por el proceso “golpe de Estado” y por el juicio abierto por las muertes que hubo en Senkata y Sacaba, están detenidas nueve exautoridades. La expresidenta Áñez es una de ellas, luego de que el 14 de marzo ordenaron su detención preventiva por seis meses, y actualmente se encuentra en el penal de mujeres de Miraflores.

A fines del año pasado, el Ministerio Público admitió la querella presentada por la exdiputada del MAS  Lidia Patty, quien demandó un proceso por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en contra del excívico cruceño Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, y jefes militares y policiales que sugirieron la renuncia de Morales a la Presidencia, durante los conflictos poselectorales de noviembre de 2019, luego de que éste fue denunciado de cometer un fraude en los comicios del 20 de octubre de ese año. Esa acusación fue ampliada en contra de Añez y cinco de sus exministros.

Al igual que la exmandataria, fueron encarcelados los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, de Justicia y Energías, respectivamente. Ambos están detenidos preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz, acusados también de cometer los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Al margen del caso “golpe de Estado” se abrieron otros dos procesos judiciales ordinarios denominados Senkata y Sacaba.

En 2019, durante los conflictos poselectorales, sectores afines al MAS protagonizaron protestas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata, para rechazar la renuncia de Morales a la Presidencia, por la acusación de fraude. En Sacaba fallecieron 12 personas y otras 125 resultaron heridas, mientras que en Senkata murieron 10 personas y otras 65 fueron heridas, durante intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas a ambas movilizaciones.

Por el caso Sacaba, a fines de noviembre de 2020, cumple detención domiciliaria el general Alfredo Cuéllar, quien fue comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba. Además, esta exautoridad militar pagó una fianza de Bs 250.000 y fue arraigado.

Dentro del caso “golpe de Estado”, en marzo, fueron detenidos preventivamente el almirante Flavio Arce San Martín y el general Pastor Mendieta, acusados de cometer los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

También en marzo, pero por el caso Senkata, el general Franko Suárez Gonzales, excomandante de la División Mecanizada 1, fue detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz, acusado de cometer los delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

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