Desde las celdas policiales, la expresidenta Jeanine Añez solicitó este sábado a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) el envío de sus misiones de observaciones a La Paz para evaluar las aprehensiones registradas en las últimas 24 horas, que según Human Rights Watch “se trata de un proceso basado en móviles políticos”, informó el portal Brújula Digital.
“Se envíe una Misión Oficial de Observación a objeto de que evalúe de manera objetiva e imparcial, la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos exministros, el viernes y la madrugada de este sábado”, añade uno de los documentos de Añez.
En sus sendas cartas, la exmandataria acusó al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por las aprehensiones, contra ella y sus dos exministros, que las considera ilegales y denunció “la sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”.
Añez denuncia que con las aprehensiones se vulneró el principio y garantía constitucional del debido proceso y la presunción de inocencia que establece el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. También pone en conocimiento que policías armados realizan allanamientos ilegales para aprehender a su exministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
La exmandataria señaló que se está instrumentalizando las instituciones judiciales para encarcelar a exfuncionarios bajo el argumento de un supuesto “golpe de Estado”, en noviembre de 2019.
Indicó que se le acusa de terrorismo, sedición y conspiración, cuando en realidad en 2019 el pueblo salió a las calles a reclamar por su voto y se generaron las renuncias desde el presidente hasta el primer vicepresidente del Senado, lo que allanaba la posibilidad de que ella asuma como mandataria, al ser la segunda vicepresidenta de la Cámara Alta.
Añez agregó que el propio MAS con sus dos tercios en la Asamblea anuló las elecciones de 2019, validando su gobierno constitucional.
El 12 de noviembre Añez, segunda vicepresidenta del Senado, asumió el cargo de presidenta interina, después de que también renunciaran otras autoridades pertenecientes al MAS. Ese mismo día el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que Añez era la presidenta interina legítima de Bolivia. Señaló que la Presidencia no podía permanecer vacante y que la persona a quien le corresponde el cargo por línea sucesoria lo asume “ipso facto”, sin la necesidad “de ley ni de Resolución Congresal”.
El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) precipitó la renuncia de Morales, pues en la auditoría a las elecciones del 20 de octubre de 2019, a pedido de Evo Morales, concluyó que entonces se alteró “la voluntad expresada en las urnas” y una “parcialidad de la autoridad electoral (Tribunal Supremo Electoral)”. El estudio fue avalado por la Unión Europea. El informe preliminar de la OEA se conoció en la madrugada del 10 de noviembre y durante el día distintas entidades sugirieron y exigieron la renuncia de Morales quien finalmente alrededor de las 17:00 dimitió y luego huyó del país a México y un mes después se refugió en Argentina.
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