Las imágenes en las principales urbes del país dan señales de que la cuarentena ha sido resquebrajada, pese a que las cifras de casos en Bolivia por coronavirus se incrementan. Este panorama se replica en las áreas rurales. Hace unas horas sectores indígenas denunciaron de actividades mineras “ilegales” en uno de sus territorios en el norte del departamento de La Paz.

“Muy preocupados solicitamos instruya urgentemente al ministerio de Minería paralice de manera inmediata los trabajos ilegales de explotación de oro que está en pleno funcionamiento en la Comunidad indígena de Santa Rosa de Carura, Norte de La Paz, pueblo indígena Leco Originario”, detalla un manifiesto y carta pública de la orgánica Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – Oriente, Chaco y Amazonía (Cidob).

En esa línea denuncian que esa actividad se hizo sin “consulta libre, previa e informada a los habitantes del área. Así mismo exigimos la reposición  de todos los daños ocasionados  por la empresa china intentando hacer creer que nunca existió la comunidad, destruyendo la cancha, la escuela, la capilla, el sistema de agua, caminos de acceso y viviendas”.

“Hay cinco factores que determinan la ilegalidad de las operaciones de cooperativas mineras en nuestro departamento: no tener contrato con la AJAM, emplear mano de obra para hacer el trabajo minero, no tener licencia ambiental, asociarse con empresas para efectuar las operaciones mineras y no pagar al Estado lo que corresponde”, explica a ANF el experto en minería Héctor Córdova.

Es así que en el país, la gran mayoría de las cooperativas auríferas no tiene licencia ambiental, emplean mano de obra para hacer las operaciones mineras y no pagan al Estado lo que corresponde (pagan regalías que corresponden a operaciones de pequeña escala y que son efectuadas con técnicas artesanales).

“El anterior gobierno fue muy permisivo ante estas irregularidades, en gran medida porque no tenía la fuerza para hacer cumplir sus propias normas y en segundo, porque los cooperativistas auríferos son muy numerosos y tienen un tremendo poder económico”, agrega Córdova.

En esta carta pública dirigida a la presidenta Jeanine Áñez, este sector exige que el gobierno parar estas operaciones y priorizar la atención a los pueblos indígenas, “nuestros hermanos están muriendo cada día abandonado a su suerte sin ninguna atención médica y ahora también permite que extranjeros exploten nuestro recursos naturales  y se los regale a diestra y siniestra”.

Ya desde hace unas semanas, diferentes medios alertaron de que pese a la emergencia sanitaria y cuarentena que rige en el país, las actividades mineras ilegales no pararon.

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