Hoy es el décimo aniversario de Página 7 y sus periodistas trabajaron hasta casi la medianoche para tener una edición de lujo que no pudo ver la luz en el mundo material. “Por la pandemia no podemos circular, porque no tenemos publicidad para imprimirlo”, dice Isabel Mercado, directora del matutino paceño, que lamenta que el mismo día circule, de manera gratuita, el periódico Bolivia, un medio impreso gubernamental, hecho con el dinero de todos los bolivianos. 

“Los diarios de Bolivia están agonizando y esperan así 20 días una respuesta del Gobierno a la carta que se envió a la presidenta, Jeanine Áñez, solicitando tratar el caso del sector. Al periódico Bolivia lo veo como cuando se tiene una bofetada como respuesta”, dice Mercado.

Como ella, los directores de los principales diarios de Bolivia, calificaron de “competencia desleal”, “dumping”, “desatino”, “asfixia económica” y “atentado contra la democracia” la edición del matutino oficialista en medio de la crisis de la prensa escrita del país. 

Marco Dipp, director de Correo del Sur y presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, confiesa que no le sorprende la edición de Bolivia, ya que, cuando denunciaban la sistemática asfixia económica por parte del Gobierno de Evo Morales, este endureció su veto publicitario y fundó el diario Cambio, que con la llegada a Palacio Quemado de Jeanine Áñez cambió de nombre a Bolivia. 

Hace tres semanas, la ANP envió una carta a la presidenta Jeanine Áñez, exponiéndole la situación de los diarios impresos del país, que han dejado de circular por la cuarentena dictada para evitar la propagación de coronavirus. Esa carta no ha tenido respuesta. También se ignoró el pedido de casi un centenar de intelectuales y artistas que abogaron por los diarios impresos ante la autoridad de transición y candidata a la Presidencia por la alianza Juntos. 

“Pretendían reemplazar o hacerle sombra a la prensa independiente y a su bien ganada credibilidad a lo largo de décadas de trabajo. Fue un fracaso que solo significó el gasto innecesario de dineros públicos”, opina Dipp.

El presidente de la ANP recuerda que el gremio lleva tres semanas a la espera de una respuesta de la presidenta sobre el pedido de auxilio del sector, que emplea a más de 1.000 personas en todo el país y asegura que todos los impresos, sin excepción, están al borde del colapso. “No quisiera pensar que la respuesta que esperábamos sea la reaparición del ex diario Cambio, con todas las implicaciones que eso pueda tener”, dice, esperando estar equivocado. “Sería triste que estemos asistiendo a una reproducción de prácticas pasadas contra las que hemos resistido con las mismas convicciones democráticas que sustentan los principios y valores del conjunto de la prensa boliviana y, por supuesto, de la ANP”, añade.

Juan Carlos Rocha, director de Contenidos de EL DEBER, considera que el periodismo gubernamental siempre ha sido irrelevante y fracasado, con escasa o nula capacidad de competencia frente a los medios independientes. 

“La prueba es el periódico Cambio que ahora se llama Bolivia: no tienen credibilidad porque sus contenidos están al servicio de un gobierno, no de la verdad. Desde ese punto de vista no nos preocupa. Lo que preocupa es que lo hace un estado en una práctica de dumping o competencia desleal, regalando recursos del Estado y probablemente obligando a farmacias, supermercados o bancos a distribuir de manera gratuita sus ejemplares. Eso es lo preocupante”, reclama. 

Rocha no descarta que haya intención política detrás de esta estrategia y que su fin sea liquidar la prensa independiente que incomoda al poder. Opina que esto sería muy grave para la democracia. 

"De ser así, habría que decir que ni Evo Morales se animó a tanto contra los medios de comunicación", dijo. 

La directora de Los Tiempos, Luz Marina Canelas, calificó de desatino la circulación del gratuito gubernamental en el contexto de la crisis de los impresos bolivianos. “La prensa no está circulando, no está vendiendo sus ejemplares, no está captando publicidad. Estamos hablando de un rubro bastante grande, que además es vital para la población y para el país. Una prensa sana, una prensa diversa, libre y plural, es vital para la sociedad y para la construcción de una democracia saludable”, manifestó. 

Contó, además, que muchos medios independientes debieron cerrar sus puertas durante el Gobierno anterior por las presiones económicas recibidas, que no se circunscribían al veto de propaganda estatal, sino también se ampliaba a una presión impositiva y juicios. “No quiero decir que ahora hay la misma línea, pero hace poco la ministra de Comunicación decía que le sale muy caro publicitar en medios de comunicación tradicionales y que es más fácil para el Gobierno poner publicidad en redes sociales. Pese a que el Gobierno está haciendo esfuerzos para ayudar en todos los rubros, es complicado ver que de repente salen gratuitamente en La Paz, con un producto gubernamental, que se hace con plata de los bolivianos, con anuncios y notas periodísticas que difícilmente van a cuestionar el accionar de la actual gestión”, añade Canelas. 

Para Marcelo Miralles, director del centenario La Patria, de la ciudad de Oruro, el escenario es de nubarrones negros para los diarios impresos independientes, ya que los ingresos se redujeron en más del 90% y lo recaudado no permite ni siquiera cubrir la planilla de sueldos, ya que los periódicos no han dejado de trabajar ni un solo día, ofreciéndole información valiosa a los ciudadanos en el momento de la peor pandemia de la historia reciente. 

“La medida de editar en forma gratuita el periódico Bolivia, significa para nosotros una competencia desleal que ahonda aún más nuestras dificultades, con recursos que salen de los mismos impuestos que nuestros diarios aportaron. Es necesario pensar en el futuro, si no recibimos el apoyo ahora, es posible que al final de la pandemia se silencien muchos voceros de cada una de las regiones del país”, advierte. 

“Permitir que desaparezcan medios impresos, conculca el derecho de los ciudadanos a tener información plural e independiente, además silencia la voz de la población que utiliza estos medios para expresar sus problemas, fiscalizar a sus autoridades y defender sus derechos. Un medio impreso es más que un distribuidor de noticias, es un documentador de la historia, por lo que el Estado debe cumplir su mandato constitucional y garantizar el derecho a la comunicación y la información”, exigió Miralles.

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