El expresidente Carlos Mesa, acusado por la perdida de $us 42.6 millones por el arbitraje que ganó la empresa chilena Quiborax, denunció ayer miércoles que el Gobierno, representado por la Procuraduría General del Estado, negoció con esa firma una decisión exclusiva de la justicia boliviana para levantar la acusación por falsificación que pesaba sobre su principal ejecutivo, el chileno Allan Henry Isaac Fosck Kaplu.

Recordó que Fosck y otras siete personas eran procesados en este caso y que su socio de la firma Non Metallic Minerals S.A (NMM), David Moscoso Ruiz, ya se había declarado culpable de la falsificación. Lo hizo en agosto de 2009 para acogerse a un juicio abreviado en el que resultó condenado con sentencia ejecutoriada a dos años de prisión, aunque obtuvo el perdón judical tras pagar Bs 1.000.

El documento falsificado sirvió, dijo Mesa, para justificar que la sociedad NMM- Quiborax tenía una composición accionaria con mayor presencia extranjera, lo que al final le permitió acudir al Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para demandar a Bolivia y lograr el pago de una compensación de $us 42.6 millones. Las empresas locales no tienen esa posibilidad.

A principios de mayo de este año, el Ciadi falló en contra de Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obligaba a pagar $us 48.6 millones a Quiborax por la reversión, en el gobierno de Carlos Mesa, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

Entonces, la Procuraduría hizo saber que negociaba una rebaja en este pago, lo que se concretó el 7 de junio con la firma de un acuerdo entre el Gobierno y Quiborax que definió el pago de $us 42.6 millones.

Mesa dijo que esto estuvo condicionado al sobreseimiento de Fosk en el proceso que se le seguía por el mismo delito que cometió su socio Moscoso.

Dos días antes de la firma del acuerdo de pago a Quiborax, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, autorizó que se retire la acusación presentada contra Fosk y otras siete personas por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa.

“La condición que puso Quiborax para aceptar el acuerdo con Bolivia es que se saque del juicio a Allan Fosck, es decir que nuestra justicia condena a David Moscoso a dos años de cárcel y, en el mismo caso, sobresee al señor Allan Fosck. Y quien se compromete a que eso ocurra es la Procuraduría. ¿Puede comprometerse el Poder Ejecutivo a algo que le corresponde al Poder Judicial? Eso demuestra que quien controla el Poder Judicial es el Poder Ejecutivo”, cuestionó.