Un contrato transaccional entre el Estado y las firmas Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., ambas con capitales chilenos, dio cumplimiento a un laudo arbitral y el pago de $us 42.6 millones por la reversión de una concesión en el Salar de Uyuni, monto $us 14.5 millones menor al que fijó el laudo y $us 108 millones menos de lo que se pretendía inicialmente la firma chilena. Para la Procuraduría del Estado, esto es resultado de una defensa “diligente e idónea”.

El ministro de Minería, César Navarro, y el procurador, Pablo Menacho, informaron del acuerdo transaccional que termina por cerrar el proceso de arbitraje abierto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que falló en primera y en segunda instancia de apelación en contra del Estado.

El laudo del 16 de septiembre de 2015 disponía el pago de $us 48.6 millones a la firma chilena, pero el Estado apeló esa decisión y en mayo el Ciadi volvió a fallar en contra de los intereses bolivianos, con lo que la deuda o resarcimiento ascendía a $us 57.2 millones, incluidos intereses y costas. Con el acuerdo, la deuda bajó a 42.6 millones de Bolivianos.

Menacho recordó que el monto final que pagará el Estado es inferior a los $us 150.8 millones que inicialmente pretendía la firma chilena cuando presentó el arbitraje luego que en la administración del presidente Carlos Mesa, mediante el decreto 27589, se revirtió la concesión que se le asignó en el Salar de Uyuni.