Tras ser detenidos el domingo 17 en el operativo de desbloqueo de la carretara hacia Copacabana, al menos, 19 vecinos de Achacachi fueron enviados a la cárcel, acusados por varios delitos. Ahora el Gobierno decidió activar un proceso contra los dirigentes de la protesta por daños a la carpeta asfáltica de esa ruta, a causa de las fogatas y dinamitazos.

El viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, informó sobre estas acciones judiciales y sobre el trabajo de evaluación iniciado para evaluar los daños ocasionados a la carretera, que fue inaugurada hace poco. Adelantó que fueron provocados por las fogatas, la explosión de cachorros de dinamita y el cavado de zanjas.

La mañana de 17 de septiembre, la Policía levantó el bloqueo iniciado por pobladores de Achacachi el 22 de agosto y que se extendió a lo largo de varios kilómetros de la vía. El encendido de fogatas fue una de las características, sobre todo para soportar las bajas temperaturas propias del altiplano en horas de la noche y la madrugada.

“Es una vía nueva que ha sido deteriorada, incluso quisieron hacer zanjas en esta nueva estructura. También estamos haciendo una evaluación de cuánto es el daño ocasionado por los incendios, los dinamitazos a la carretera nueva. Es un enorme perjuicio para el Estado”, aseveró el viceministro.

Además, manifestó que la interrupción al tráfico vehicular ocasionó una pérdida económica de más de medio millón de bolivianos por el no cobro de peajes, lo que afectó los ingresos para mantenimiento de carreteras por parte de Vías Bolivia.

El funcionario de Estado informó que el Viceministerio a su cargo y Vías Bolivia presentaron una demanda por todos los daños contra “esos malos dirigentes” de la protesta.

Aseguró que el daño económico por el no pago de peajes los 26 días de bloqueo en Achacachi asciende aproximadamente a 500.000 Bolivianos.

Los movilizados decidieron ingresar en un cuarto intermedio en la protesta, que busca la renuncia del alcalde Édgar Ramos y la liberación de sus dirigentes detenidos.

Ramos, el 20 de septiembre, solicitó garantías para entablar un diálogo con el sector que pide su renuncia.