La justicia peruana rechazó ayer la apelación contra la prisión preventiva del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, que deberán permanecer 18 meses en prisión preventiva, mientras crece la presión sobre la Fiscalía para que presente formalmente su acusación contra ellos.
La Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación de la pareja contra su encarcelamiento, tras cuatro días de deliberaciones que estuvieron marcados por los rumores y comentarios sobre el futuro legal del exmandatario Humala y su pareja.
En su resolución, la sala (formada por los magistrados Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe) consideró de forma unánime que no existen méritos para anular la decisión que el 13 de julio llevó a prisión a la pareja para que no puedan entorpecer el proceso que se sigue en su contra por supuestamente haber cometido delitos de corrupción y lavado de activos.
Precisamente, los jueces informaron que la decisión se mantuvo porque ambos son procesados por "un delito de lavado de activos agravado" y habrían actuado "dentro del contexto de una organización criminal que rebasa las fronteras nacionales", lo que podría facilitar su huida si es que quedan en libertad.
Santiago Gastañaduí, asesor legal de la pareja, afirmó nada más conocer la resolución que la defensa presentará con toda seguridad un recurso de hábeas corpus, que hará efectivo "antes de cinco días". La decisión judicial despertó reacciones, pues la gran mayoría de expertos consideró que la pareja podría esperar en libertad el juicio en su contra, y centró la atención en la Fiscalía para que presente formalmente la acusación ante los tribunales.
César Azabache, exprocurador anticorrupción de Perú, informó en declaraciones a la televisión peruana que ahora "lo fundamental" es que la Fiscalía acuse "lo antes posible" a la pareja. Con ello se "disolverían las dudas sobre la validez de la prisión preventiva" y evitaría "entramparse con cuestiones constitucionales". "Cuanto más tiempo se demore, más se podrá cuestionar el mandato judicial", afirmó el exprocurador.
