El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia están "impactados" con las penas de prisión de 20 y 26 años y medio que, respectivamente, solicitó la Fiscalía de Perú para ellos por un presunto lavado de activos, aseguró ayer su abogado Wilfredo Pedraza.

"Ellos, por supuesto, están impactados por esa enorme prognosis (conocimiento anticipado) de pena, que me parece un exceso", declaró Pedraza a periodistas en los exteriores de las oficinas de la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima.

El abogado aseguró que cuando se "revisa propuestas de penas de la Fiscalía, y ni para terroristas siquiera, ni para feminicidios, encuentra situaciones de esta naturaleza".

Humala se convirtió la semana pasada en el primer exmandatario peruano en recibir una acusación formal por el caso Odebrecht, en el que también fueron imputados los exgobernantes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Por este caso también se investigaba a Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó el mes pasado, cuando iba a ser detenido por la Fiscalía.

El fiscal Germán Juárez solicitó para Humala 20 años de prisión por la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado, por hechos vinculados con la financiación de sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Para Heredia, Juárez pidió 26 años y seis meses de cárcel por "un concurso de delitos" de lavado de activos agravado, en el modo de "conversión", durante la campaña de 2006, y de "ocultamiento", en la de 2011.

Al respecto, Pedraza consideró ayer que los términos de la acusación fiscal son "inconsistentes y difusos" en la mayoría de los temas planteados, entre los que mencionó a los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela a la campaña electoral de 2006. Señaló que la Fiscalía presume que el dinero entregado por el fallecido presidente Hugo Chávez habría sido retirado del tesoro público de Venezuela, pero ofrece como pruebas solo "frases generales y el recorte de un diario".

En el caso de los tres millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirma haberles dado para la campaña electoral de 2011, el abogado dijo que discutirá el significado de esos aportes con la Fiscalía.

"Para nosotros se trata de un tema de carácter electoral, sujeto, por tanto, a la Ley de partidos políticos y a una infracción de carácter electoral. En cualquier caso, un aporte cuyo origen se desconoce y sobre el cual no existe retorno al aportante no puede ser lavado de activos", comentó.