Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Bolivia se encubre la violencia sexual contra niñas y adolescentes por como está tipificado el delito y por la falta de preparación de los operadores de justicia.

"Ahora estamos en una etapa crucial porque se está modificando el Código Penal y estamos dispuestos a compartir con el Gobierno toda nuestra investigación sobre violencia sexual", explicó a Efe María del Carmen Arispe Fuentes, abogada de la organización Una Brisa de Esperanza, al término de la audiencia pública en la CIDH.

Una de cada tres niñas y adolescentes bolivianas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, lo que convierte al país suramericano en uno de los que tienen más víctimas de este tipo de abusos.

El Estado dispone de un abanico de leyes y planes para proteger a las menores pero, según las organizaciones, no se cumplen muchas de las medidas vigentes y deben cambiarse algunas de las normas.

Quieren que se modifique en el Código Penal el enfoque de este tipo de abusos: que deje de primar si hubo violencia física y la clave sea si hubo consentimiento o no de la menor.

"En más del 80 % de los casos de violencia sexual no existe violencia física sino que el agresor lo que hace es un acercamiento, entrampa a la víctima para poder acceder a la violencia sexual", explicó Arispe.

El agresor es en más del 85 % de los casos una persona cercana a la víctima, la mayoría de las veces el padre biológico.

DEFENSA DEL ESTADO

"Los representantes del Estado boliviano defendieron las leyes y los planes que existen en el país para proteger a las menores, pero tendieron la mano a las organizaciones para llevar a cabo 'una labor coordinada' con el fin 'de mejorar la situación y atender este tipo de problemas'". Así lo manifestó el procurador general del Estado boliviano, Pablo Menacho, que dio la bienvenida a las iniciativas de la sociedad civil.