Las bancadas en Diputados y Senadores de Unidad Demócrata (UD) interpusieron la víspera en el Tribunal de Justicia de La Paz la “acción de cumplimiento” en contra del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, para que cumpla con el deber y de vía libre a la designación de 11 cargos estatales que permanecen en interinatos.

"Si el vicepresidente se negara a cumplir lo que determine la justicia sería pasible a otras acciones judiciales, pero este es el primer paso ante el sistema judicial y constitucional", explicó el senador Oscar Ortiz, sobre lo que dice la Carta Magna.

Sostuvo que corresponde al Tribunal de Garantías, en uso de sus atribuciones establecidas en la Constitución y en concordancia con el artículo 67 del Código Procesal Constitucional, dictar sentencia estableciendo el cumplimiento inmediato del deber constitucional dispuesto en la Constitución y las leyes.

La medida busca que el titular de esa instancia convoque a sesiones para designar a presidencias del Banco Central de Bolivia, Aduana Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); además de la Autoridad de Supervisión y Fiscalización de Entidades Financieras (ASFI) y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), entre algunas.

La oposición asevera que la administración de Evo Morales tiene a más de 20 funcionarios interinos en entidades públicas del Estado, designadas a dedo, donde el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, exdiputado del MAS; la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya; y el presidente del Banco Central, Marcelo Zabalaga, ya ejercen funciones contraviniendo la Constitución y las leyes.