No se oye bien. Al otro lado del teléfono, la voz de Marcelo Soza suena baja, como apagándose. Se nota que está triste y él no lo niega. Dice que es difícil estar en otro país, sin parientes ni amigos a los cuales recurrir. Admite que su alejamiento del país le ha causado problemas familiares pero no quiere hablar de eso. El primer fiscal que estuvo a cargo de la investigación de las muertes en el hotel Las Américas ha vuelto a hacer noticia al redactar una proposición acusatoria en contra del presidente Evo Morales por la supuesta comisión de delitos en la adjudicación directa de millonarios contratos a la empresa china CAMC.
El vínculo entre la empresa y el jefe de Estado es su expareja, Gabriela Geraldine Zapata Montaño, con quien admitió haber tenido una relación y un hijo hoy fallecido.
"Su vida privada a nadie le debe incumbir pero ya cuando se trata de que una empresa china donde trabaja la señora Gabriela Zapata Montaño y que curiosamente esta empresa ha obtenido más de cinco contratos de manera directa, entonces esto ya es sospechoso", dice.
En su criterio, existe una responsabilidad penal por parte del presidente del Estado que lo hace susceptible a ser procesado. "Y también por parte de la señora Gabriela Zapata porque no nos olvidemos de que está sirviendo, en otras palabras, de palo blanco para desviar recursos públicos del Estado boliviano hacia una empresa donde ella forma parte, aspecto totalmente irregular".
El exfiscal cree que este caso vulnera el artículo 236 de la Constitución Política del Estado y se enmarca en lo establecido por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz así que ameritaba la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público. "Debería haber ya iniciado la Fiscalía porque estos son delitos de orden público donde la Fiscalía tiene la obligación, según mandato del artículo 225 de la Constitución Política del Estado de iniciar los procesos correspondientes por este hecho".