El nuevo Fondo de Desarrollo Indígena descentralizado, que sustituye al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas mediante decreto 2493, continuará con los procesos administrativos y judiciales de la instancia liquidada.
Tal acción estará a cargo de la interventora Larisa Fuentes, quien develó en su informe final del martes que el fondo dejó daño económico al Estado por más de 102 millones de Bolivianos entre proyectos "fantasmas" y otros con plazos de ejecución vencidos.
DESIGNACIÓN
El decreto 2493 que crea a la nueva institución pública descentralizada, consta de 25 artículos. Fue aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto, informó el matutino La Razón el 28 de agosto.
El nuevo director general ejecutivo será designado mediante Resolución Suprema y no contará con un directorio, aspecto con el que operaba la anterior instancia.
LIQUIDACIÓN
El extinto Fondo Indígena es liquidado en medio de denuncias y procesos de corrupción que iniciaron en febrero de este año con un informe de la Contraloría General del Estado que estableció un daño económico de Bs 71 millones por 153 proyectos inconclusos, adjun-to una lista de dirigentes, comunarios y personas involucradas.
Tras un proceso de seis meses de seguimiento al caso, la interventora Larisa Fuentes develó el martes en su informe concluyente que el perjuicio económico ascendió a 102.2 millones de boli-vianos por 30 “proyectos fantasma” y otros 713 cuyos plazos de ejecución vencieron y recibieron al menos un desembolso.
La norma prevé al respecto en su artículo 15 la creación de la Unidad de Liquidación que estará a cargo de Fuentes, con rango de directora ejecutiva del Fondo Indígena. El plazo de liquidación será de un año a partir de la publicación del decreto.
“A partir del cierre del Fondo Indígena los procesos administrativos y judiciales serán asumidos, continuados y concluidos por la Unidad de Liquidación”, refiere el artículo 20.
DENUNCIA
La alianza UD denunció ayer que, al menos, once dirigentes de organizaciones sociales y un funcionario recibieron dinero, al menos, un total de 47.097. 465 Bolivianos del Fondo, en sus cuentas personales.
Eduardo León, abogado del diputado Rafael Quispe de UD, informó que a la denuncia presentada en marzo de este año, que indica, que siete dirigentes se beneficiaron de 42.2 millones de Bolivianos, se sumaron otros cinco.
