Un tribunal peruano revocó el acuerdo de colaboración suscrito con el brasileño Jorge Barata, exrepresentante de la empresa Odebrecht en Perú, quien debía declarar en el proceso judicial que se inició esta semana contra la líder política Keiko Fujimori, informaron fuentes oficiales.
La decisión se tomó por parte del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial, que ordenó a la Fiscalía que acuse a Barata en los procesos penales correspondientes, detalló el Ministerio Público en un comunicado.
Barata no declaró en el caso Odebrecht en Perú
Según la información oficial, la medida se tomó tras una audiencia judicial en la que el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien lleva la acusación en el caso Fujimori, demostró que el exdirectivo de Odebrecht “incumplió su obligación de declarar, en calidad de testigo”, durante el juicio que también se sigue contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016).
La resolución que revoca el beneficio legal, que otorgaba a Barata la posibilidad de que no se le acuse en los diferentes procesos que se siguen en Perú por la trama de corrupción que lideró Odebrecht, se dictada por la jueza Margarita Salcedo.
La Fiscalía remarcó, sin embargo, que el acuerdo con la empresa brasileña y sus otros exfuncionarios “continúa en plena ejecución, habiendo prestado sus declaraciones” en los juicios que se siguen ante la Corte de Justicia Especializada Nacional.
Barata, testigo ‘estelar’
La medida se conoció un día después de que el fiscal Pérez asegurase que Barata será uno de los personajes que testificarán durante el juicio que se sigue contra Fujimori por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016.
“A este juicio oral vendrá Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht, para señalar cómo los captadores fueron enviados por Keiko Fujimori para que aporte 1 millón de dólares para su campaña, así como otros funcionarios de dicha empresa”, señaló el fiscal ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que este lunes instaló el juicio oral contra Fujimori y otras 45 personas.
Según el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, los presuntos aportes ilegales recibidos por el partido de Fujimori para las campañas de 2011 y 2016 ascienden a 17 millones de dólares.
Pérez detalló que esos aportes tuvieron como fuentes principales a Odebrecht y los grupos nacionales Rasmussen, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el empresario Luis Calle, entre otros.
El fiscal, que pide que a Fujimori se le condene a 30 años de prisión, sostuvo que la líder política “tenía conocimiento y manejo de los ingresos que captaba” para sus actividades proselitistas.
Recordó, además, que Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos para financiar campañas políticas en el extranjero con sus ganancias de la corrupción.
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