La Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la detención del expresidente Santiago Peña por «lesión de confianza» y solo minutos después de que el Senado lo removiera del cargo y lo dejara sin fueros, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank.
Con el voto a favor de los 44 senadores presentes, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente en la historia reciente de Paraguay desalojado del poder mediante un juicio político, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).
Como su sucesor asumirá su hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana.
El ahora exmandatario no acudió al Legislativo, pese a que lo convocaron personalmente, y delegó su representación en los letrados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron la defensa «técnica» y «jurídica» de Peña.
¿Qué implicación tiene la destitución de Santiago Peña?
Peña permanecía en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».
Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin que se apruebe en el Congreso el retiro de dicha inmunidad. Con la destitución, Peña ya no será senador vitalicio.
Poco antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta de X que había presentado su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad.
«No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», señaló en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.
«Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas», agregó el gobernante.
El escándalo que causó la caída del presidente de Paraguay
Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,9 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.
A ello se sumó la preocupación de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.
Incluso, los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como «el desfalcador más grande de la historia» del país.
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