La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó este lunes que el Estado cubano tuvo responsabilidad en la muerte de los opositores Owaldo Payá y Harold Cepero en 2012 y en la vulneración de los derechos del político español Ángel Carromero y debería hacer efectiva una compensación.
El “informe de fondo” sobre el caso Payá, publicado diez años después de la demanda presentada por las familias de los dos opositores y por Carromero, que conducía el vehículo en el que murieron y fue condenado en Cuba a cuatro años de cárcel, es un “motivo de esperanza”, dijeron a EFE familiares de los fallecidos.
Las familias piden justicia
“Este veredicto es un paso hacia la justicia y nos devuelve la esperanza (…) El régimen no pudo asesinar el legado de Oswaldo, que seguirá viviendo y guiando el camino del pueblo cubano hacia la liberación”, dijo a EFE Ofelia Acevedo, viuda del disidente Payá, que fue el fundador del Movimiento Cristiano Liberación.
Sabas y Hanner Cepero, hermanos del opositor, mostraron su apoyo a la CIDH “en su condena a la dictadura cubana”. “La verdad ha salido a la luz”, señalaron.
Las familias de ambos opositores cuestionaron desde el principio la versión oficial cubana de que murieron en un accidente de tráfico causado por la conducción temeraria del político del conservador Partido Popular de España y denunciaron que fueron víctimas de un “atentado” por parte de la seguridad del Estado de Cuba.
El informe de la CIDH establece que existen “indicios serios y suficientes” para concluir que agentes estatales cubanos tuvieron participación en las muertes de Payá y Cepero el 22 de julio de 2012 en una carretera cerca de Bayamo (Cuba).
Carromero, víctima y testigo
La CIDH tomó en cuenta en particular el testimonio de Ángel Carromero, quien declaró que el automóvil en el que viajaban había sido impactado por un auto oficial, lo cual fue corroborado por un testigo ocular.
“El Estado cubano no presentó alegatos o negó estos argumentos. En consecuencia, la CIDH estableció que el Estado cubano violó los derechos a la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas”, señaló la CIDH en el comunicado en el que anunció la conclusión del informe del caso Payá.
En el derecho de acceso a la justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que los familiares de Oswaldo Payá nunca tuvieron acceso a los informes de autopsia, ni al contenido de diligencias realizadas.
El proceso contra Ángel Carromero por su alegada responsabilidad en el accidente, tampoco se permitió participar, solicitar pruebas, ni apelar a la sentencia.
Sobre Carromero dice que “fue detenido de manera ilegal y arbitraria, amenazado por autoridades estatales para confesar su supuesta responsabilidad y fue víctima de tortura y tratos inhumanos como golpes, falta de acceso al aire libre, luz solar y una nutrición adecuada”.
Por ello, la CIDH determinó que “el Estado vulneró el derecho a la integridad personal en perjuicio del señor Carromero”.
En unas declaraciones telefónicas a EFE desde España, Carromero dijo que su juicio en Cuba fue “una farsa” y que se siente “aliviado”, porque, aunque haya tardado diez años, “la verdad se ha impuesto a la mentira” y se ha reconocido que hubo “dos asesinatos”.
Algunos políticos se pronuncian
El senador demócrata Bob Menéndez indicó que ahora le “corresponde a los Estados Unidos y a la comunidad internacional unirse en torno a la decisión de la CIDH y exigir no solo justicia y rendición de cuentas por los asesinatos de Payá y Cepero, sino el fin de las atrocidades contra los derechos humanos que enfrenta el pueblo cubano”.
El senador republicano Ted Cruz señaló que “el comunismo es una ideología malvada y este hallazgo es un recordatorio de que los crímenes de los regímenes comunistas nunca serán olvidados”.
“La culpabilidad por la muerte de Payá también habla de los muchos cubanos que han sido y continúan siendo encarcelados, hostigados o torturados simplemente por exigir, aunque sea una semblanza de libertad política o económica”, dijo el senador demócrata Dick Durbin.
La hija de Payá, Rosa María Payá, fundadora del movimiento Cuba Decide, indicó que “reconocer la responsabilidad del régimen cubano por estos atroces actos nos coloca un paso más cerca de la justicia”.
“Esta no es solo una victoria para nuestras familias, sino para todas las víctimas de la dictadura y todos los cubanos que siguen luchando por la democracia y la libertad”, agregó.
El fallo incluye al final una lista de recomendaciones, de las cuales la primera es “reparar integralmente las violaciones de DD.HH. declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial”.
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