El restaurante de Jaime Aranzazu en la capital peruana, Lima, fue atacado a tiros y la casa del chef Javier Vargas incendiada por negarse a pagar extorsiones a bandas criminales.

Los casos de cobro de "cupos de seguridad", antigua práctica establecida en Perú, vienen repuntando con la reactivación económica tras una caída por la pandemia de covid-19, según la Fiscalía y expertos locales.

Hace diez días, varios hombres llegaron en tres autos y dos motos al restaurante "Los Parceros", en Comas -en el norte de Lima-, donde dejaron un número de teléfono para que el dueño se comunicara con ellos.

“Me dijeron que teníamos que pagar una plata semanal, que iban a pasar los lunes [a recogerla] y que si le pasaba algo al cobrador, se desquitaban conmigo", cuenta Aranzazu a la AFP.

Cada lunes debía entregar 1.000 soles (263 dólares). Mientras no pagara, su restaurante no podía operar.

Como este empresario colombiano se negó, dos motociclistas dispararon contra el negocio el jueves en la mañana. No había clientes, solo tres empleadas.

"Los Parceros" ofrece platos colombianos como "chuletas a la llanera", "bandejas paisa" y "sancochos". Abrió en 2021, pero ahora su dueño, que vive en Perú desde hace seis años, no sabe qué hacer.

“Me da susto de ir al negocio, ahora no salgo de mi departamento", sostiene, sin descartar volver a su país.

Desde cinco soles

Los "cupos" van desde cinco soles (1,3 dólares) para un minibús o furgoneta "combi", el transporte popular que toma pasajeros en una barriada, según testigos.

"Primero te advierten y si insistes en no pagar, te siguen y en la noche te queman la combi", explica a la AFP un transportista que pide no ser identificado.

Las mototaxis, otro popular medio de transporte en las barriadas limeñas, también deben pagar una pequeña suma, pero la tarifa es superior para los empresarios.

“Piden 5.000, 10.000 y 15.000 soles [USD 1.316, USD 2.632 y 3.947 dólares] a los empresarios”, dice el coronel de policía Rómulo Reyes a la AFP.

En 2015, el director de un colegio fue asesinado por negarse a pagar la tasa criminal. Por eso mucha gente prefiere asumir el costo y callar.

"La gente no quiere denunciar por temor, por miedo a ser asesinados", declara a la AFP César Ortiz Anderson, de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana.

Hasta 2019 se denunciaban más de 5.000 intentos de extorsión cada año en Perú, pero la cifra cayó a la mitad con la pandemia, según la Fiscalía.

"El 2022, de enero a mayo, ya estamos contando con un aproximado de 2.000 denuncias. Como que la tendencia vuelve al mismo nivel de lo que era antes o probablemente puede superar el límite", explica el fiscal Jonas Padilla Morán a la AFP.

Las extorsiones también son comunes en otros países latinoamericanos.

Medios de prensa denuncian que en Ciudad de México las bandas cobran por el uso de las calles a vendedores informales y cuidadores de vehículos. También extorsionan a los comerciantes formales.

En Medellín (Colombia) también es una práctica extendida: desde vendedores ambulantes a dueños de grandes comercios deben pagarles a las bandas a cambio de "seguridad", según el Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia.

"Pesadilla"

En la casa de Javier Vargas en San Juan de Lurigancho, al noreste de Lima, fue arrojada una bomba incendiara por una ventana el 2 de mayo al anochecer del 2 de mayo. Las llamas consumieron el segundo piso, pero los bomberos salvaron el primero, donde estaban su esposa y dos hijas.

"Esto ha sido un atentado contra mi familia, un atentado contra mi vivienda, producto ya de la extorsión e inseguridad a la que estoy siendo sometido con amenazas previas", cuenta el empresario gastronómico a la AFP.

"Es una pesadilla, un terror, [pero] no estoy dispuesto a ceder", agrega el dueño de la cadena de restaurantes "Piscis".

En marzo, la cantante peruana de salsa Brunella Torpoco abandonó su carrera luego de que la casa de su madre fue atacada a tiros por negarse a pagar "cupos" por sus conciertos.

"He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad”, explicó a sus fans.

Auge

“La extorsión siempre ha existido en Perú [...], pero entre 2006 y 2012 el cobro de cupos empieza a extenderse como una mancha de aceite ante el crecimiento económico y la poca capacidad de la policía", dice a la AFP el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés.

“El auge actual se debe al incremento de la economía informal, que aumentó con el covid-19", señala. "Toda actividad económica es plausible de cobro de cupos para las mafias", destaca.

La ley sanciona la extorsión con hasta 30 años, pero solo hay 1.024 presos por este delito, el 1,18% de la población penal del país, según el Instituto Nacional Penitenciario.

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