Desde junio, el país euroasiático se enfrenta a una nueva ola de la epidemia provocada por la aparición de variantes más agresivas, el escaso cumplimiento del uso de las mascarillas y una lenta campaña de vacunación.

La cifra de muertos se eleva a 229.528 personas desde el inicio de la pandemia, lo que convierte a Rusia en el país más afectado de Europa.

Pero estos datos se subestiman en gran medida, ya que la agencia de estadísticas Rosstat considera que se han producido más de 400.0000 decesos hasta finales de agosto.

Apenas un tercio de los rusos ha sido inmunizado desde la aparición de la primera vacuna nacional, Sputnik V, en diciembre de 2020. Un fracaso que puede explicarse sobre todo por la habitual desconfianza de la población hacia las autoridades.

Frente a este funesto escenario, los dirigentes han tardado en reaccionar e imponer medidas restrictivas por temor a debilitar una economía ya tambaleante.

Esta semana, el presidente Vladimir Putin decretó finalmente siete días libres, del 30 de octubre al 7 de noviembre, en un intento de frenar la propagación del virus.

El Ayuntamiento de Moscú, donde se halla el principal foco epidémico del país, cerrará todas las empresas y comercios no esenciales durante once días a partir del 28 de octubre.

Y varias regiones también han decidido establecer pases sanitarios.

Sin embargo, los críticos acusan a Putin de no tomar medidas contra la epidemia, mientras que el Kremlin sostiene que los europeos se desplazan en masa a Rusia para vacunarse con Sputnik V, en vez de recibir las inyecciones reconocidas por la Unión Europea.

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