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En la Cachemira india, pocos osan ahora expresar sus reivindicaciones

Una semana antes de la retirada de la autonomía de esta región en agosto de 2019, unas 5.000 personas como él fueron puestas oficialmente en "detención preventiva". Desde entonces, otras también lo son habitualmente en virtud de una ley de seguridad pública que autoriza hasta dos años de prisión sin cargos ni juicio.

En la Cachemira india, pocos osan ahora expresar sus reivindicaciones
Varias personas inspeccionan entre los escombros de una casa dañada en un tiroteo entre militantes y fuerzas de seguridad indias en Khrew AFP

Antes de la revocación de su autonomía parcial hace dos años, la Cachemira india registraba cada semana manifestaciones, pero ahora, bajo control directo de Nueva Delhi, los habitantes aseguran vivir con miedo y temen expresar sus reivindicaciones.

A sus 26 años, "Rafiq", a quien el miedo le impide revelar su verdadera identidad, confiesa ser un "hombre roto" tras un duro año entre rejas y dice que fue detenido sin explicaciones, quizás por "manifestar contra las injusticias" en el pasado.

Una semana antes de la retirada de la autonomía de esta región en agosto de 2019, unas 5.000 personas como él fueron puestas oficialmente en "detención preventiva". Desde entonces, otras también lo son habitualmente en virtud de una ley de seguridad pública que autoriza hasta dos años de prisión sin cargos ni juicio.

Rafiq fue trasladado, a bordo de un avión militar, a cientos de kilómetros de su casa junto a otros 30 individuos, antes de ser encerrado en una prisión donde fue "maltratado e intimidado".

La AFP recabó una docena de testimonios similares.

- "Acallar la disidencia" -

"Cada noche, durante seis meses, la luz brillante de mi celda permaneció encendida (...) Me costaba imaginarme salir con vida", recuerda. Un año más tarde fue liberado.

"En la mayoría de casos, la detención preventiva no es más que una herramienta (...) para acallar la disidencia y asegurarse la autocensura", explica a la AFP Juliette Rousselot, de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

India también recurrió a su legislación antiterrorista de contornos difusos, como la ley para la prevención de las actividades ilegales que permite detener a alguien por un tiempo indeterminado sin juicio.

Tasleema, madre de cinco niños, no ha visto a su marido Gulzar Ahmed Bhat, antiguo miembro de un grupo separatista, desde hace dos años. La policía y los soldados fueron a su casa a detenerlo, pero como Bhat había salido, se llevaron a su sobrino de 23 años hasta que se entregó.

"Casi mendigo el trabajo para alimentar a mis hijos", asegura entre lágrimas Tasleema, con un pequeños en su regazo.

Más de un medio millón de soldados indios se encuentran desplegados en Cachemira, una región disputada con Pakistán que controla su parte occidental.

Desde la revocación de su autonomía, el gobierno electo localmente fue remplazado por un teniente-gobernador nombrado por Nueva Delhi y se aplican nuevas leyes. Ya no queda casi ningún oficial de policía o alto funcionario de origen cachemir en el cargo.

Las autoridades allanaron domicilios, oficinas e instalaciones de organizaciones de la sociedad civil, pero también de periodistas y de diarios, confiscando teléfonos y computadoras portátiles.

"Todas las instituciones públicas que deben defender los derechos humanos y las libertades civiles fueron silenciadas, convertidas en disfuncionales o amenazadas", denunció Parvez Imroz, director de la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira.

- "La solidaridad ya no es posible" -

Los periodistas locales aseguran que los vigilan cada vez más. Fotógrafos fueron agredidos y los reporteros extranjeros tienen prohibido permanecer en la región.

Cuando los comerciantes cerraron sus tiendas en protesta por los dos años de pérdida de autonomía, la policía les obligó a reabrir.

Los jóvenes dicen que son interrogados, a veces con dureza, en los puntos de control si les descubren aplicaciones encriptadas como WhatsApp o Signal en sus celulares.

Más de una docena de funcionarios fueron despedidos por "actividades antinacionales" después de que criticaran al gobierno en las redes sociales.

En julio, la policía recibió la orden de no expedir habilitaciones a candidatos a cargos públicos ni pasaportes a quienes hayan participado en manifestaciones o atentado contra la "seguridad del Estado".

Los padres e incluso los vecinos de aquellos que hayan manifestado o sean sospechosos de haberlo hecho son obligados habitualmente a comprometerse por escrito a no protestar.

"Estoy obligado a pensar en mi familia y en mis allegados antes de abrir la boca", confiesa un joven que acaba de salir de un año de encierro.

Su padre tuvo que firmar este compromiso. "Esto nos ha separado", asegura, "la solidaridad ya no es posible".

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