Aunque el “sí” ganó, en la consulta apenas participaron entre 7,07% y 7,74% de los 93,6 millones de electores, muy lejos del 40% que se requería para que fuera vinculante.

El “sí” a la posibilidad de procesar a los exmandatarios tuvo un respaldo de entre 89,36% y 96,28%; el “no” registró un apoyo de 1,38% a 1,58%, de acuerdo con la estimación presentada por el titular del INE, Lorenzo Córdova.

Los resultados definitivos se conocerán este lunes y serán “remitidos a la Suprema Corte de Justicia para que determine los efectos legales”, dijo Córdova en una sesión pública.

Pese a que no se alcanzó el umbral, la posibilidad de que la fiscalía actúe sigue en pie, pues en México los exgobernantes pueden ser juzgados como cualquier ciudadano ya que pierden el fuero al dejar el poder.

De momento los expresidentes contra quienes apuntaba el referéndum no enfrentan investigaciones. Se trata de Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Primera a nivel federal, la consulta fue impulsada por López Obrador -quien considera la corrupción como el principal problema de México- y su partido, Morena.

El presidente no logró así trasladar a las urnas su popularidad, de un 57% según la encuestadora Mitofsky. El pasado 6 de junio también vio debilitada su mayoría en la Cámara de Diputados tras las elecciones legislativas y locales.

“Consulta innecesaria”

AMLO, acrónimo con el que se conoce al gobernante de 67 años, no votó aduciendo que sus adversarios lo hubieran acusado de persecución, por lo que dejó la decisión a la ciudadanía.

El resultado demuestra que “no era necesaria una consulta para saber que la gente quiere que se castigue la corrupción”, dijo a la AFP el politólogo José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

“La presión (para que se investigue) siempre ha estado ahí, simplemente la fiscalía va a hacer lo que le diga el presidente, porque aunque sea formalmente autónoma, hemos visto en la práctica que no lo es”, añadió Crespo.

Tras la votación, un comité ciudadano que promovía el referendo anunció que planteará nuevas iniciativas.

“Esto no puede terminar aquí. Deben iniciarse mecanismos de justicia transicional que nos permitan a las víctimas acceder a nuestro derecho a la verdad”, indicó un comunicado.

AMLO también impulsó una reforma que permite someter a los presidentes a un referendo revocatorio cuando cumplan la mitad del mandato de seis años. En 2022 lo hará voluntariamente.

La pregunta propuesta por López Obrador citaba a sus cinco antecesores, pero la Suprema Corte la modificó al avalar el mecanismo. Constitucionalistas como Paula Sofía Vázquez la consideraban difícil de entender.

El enunciado rezaba: “¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Múltiples señalamientos

Para Omar García, escuchar la “voz popular” era válido así el referéndum no sea vinculante.

Antiguo estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, García atestiguó cómo 43 compañeros fueron detenidos por policías cómplices de narcotraficantes el 26 de septiembre de 2014, para luego ser desaparecidos.

Alegando falta de recursos, el INE realizó una modesta promoción del referendo. Instaló 57.000 urnas, frente a 160.000 de los comicios de junio.

El oficialismo acusa a esa entidad de boicotear la consulta y de avalar “fraudes” en el pasado. “Es falso” que el INE no hubiera querido la consulta, aseveró Córdova.

López Obrador había llamado a tener presente este domingo el supuesto espionaje a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto, a quien vincula también con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Además, acusa a Salinas de vender sectores estratégicos, como el telefónico, a “allegados”, y a Zedillo de “endeudar” al país al absorber una millonaria cartera vencida de los bancos tras la crisis de 1994.

A Fox, en tanto, lo responsabiliza de haber maniobrado para impedir su candidatura presidencial en 2006, y a Calderón de desatar un baño de sangre con su guerra antidrogas.

Según Crespo, solo Peña Nieto y Calderón podrían ser llevados a la justicia, pues los supuestos delitos de sus antecesores ya prescribieron.

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