Un tribunal hondureño inició este martes el juicio oral y público contra un exmilitar acusado como autor intelectual del asesinato de la emblemática ambientalista Berta Cáceres, ocurrido hace cinco años en el oeste del país.
El presidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, egresado de la escuela militar estadounidense West Point, es señalado por la fiscalía, por la familia de Cáceres y por la ONG Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) como responsable del crimen.
“Hay pruebas contundentes contra David Castillo y tiene que ser condenado”, dijo a la AFP Berta Zúniga, hija de la ambientalista, durante una ceremonia religiosa indígena organizada frente al edificio de la Corte donde se llevaba a cabo la audiencia, en el sur de Tegucigalpa.
“Berta no murió, se multiplicó”, gritaban unas cien personas durante el oficio religioso, frente a un altar con velas, flores y fotos de Cáceres.
Castillo fue arrestado en marzo del 2018 como supuesto autor intelectual del asesinato de la coordinadora del Copinh, ejecutado la media noche del 2 de marzo del 2016 en la comunidad de La Esperanza (oeste).
En diciembre del 2019 fueron sentenciados a 50 años de cárcel cuatro hombres que entraron a la vivienda de la ambientalista y la mataron a tiros. Otros tres hombres que los contrataron fueron sentenciados a 30 años de prisión.
El tribunal concluyó que la firma DESA mandó a matar a Cáceres por oponerse con manifestaciones indígenas a la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio lenca.
“Como presidente de DESA, David Castillo contrató a Douglas Bustillo, quien contrató a los sicarios” que ejecutaron el crimen, añadió Zúniga. “Hay pruebas de las comunicaciones de que Castillo contrató a Bustillo y este a los sicarios”, agregó.
Zúñiga, nueva coordinadora del Copinh, aseguró que después de Castillo tienen que ser enjuiciados también como autores intelectuales los socios de DESA, prominentes banqueros reconocidos en el país.
“En el juicio se probarán los ataques y agresiones sistemáticas en contra de Berta Cáceres, la comunidad lenca y el Copinh como represalia a su labor en la reivindicación de los derechos” de los indígenas, señaló el Copinh en un comunicado.
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