La Justicia brasileña abrió este martes un nuevo capítulo en la novela sobre el radicalismo que viene siendo impulsado por varios seguidores del presidente Jair Bolsonaro, al ordenar una serie de allanamientos a residencias de varias personalidades acusadas de financiar actos antidemocráticos.
Por orden de la Corte Suprema de Justicia, la Policía Federal cumplió 21 órdenes de registro e incautación en busca de posibles pruebas.
Los registros tuvieron lugar en seis diferentes estados de Brasil, incluyendo Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia y se realizaron un día después de que la Policía Federal arrestara a seis militantes de movimientos radicales 'bolsonaristas' acusados de haber liderado actos considerados antidemocráticos.
El sábado, la sede de la Corte Suprema fue atacada con fuegos artificiales y el domingo seguidores del líder ultraderechista pidieron una 'intervención militar' en una manifestación realizada frente al Comando General del Ejército.
Este tipo de actos se viene repitiendo en las manifestaciones que desde hace algunos meses realizan los seguidores del presidente Bolsonaro, quien llegó incluso a participar en algunos actos en los que se pedía el cierre del Congreso y del Tribunal Supremo.
Por considerarlo como una 'posible violación a la Ley de Seguridad Nacional', el procurador general de la República, Augusto Aras, pidió a la Corte abrir una investigación, la cual fue ordenada, días después, por el magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal por 'actos contra el régimen democrático'.
¿PARLAMENTARIOS ANTIDEMÓCRATAS?
El objetivo de la operación de este martes fue reunir pruebas que permitieran identificar el 'origen de los recursos y la estructura de financiación de los grupos sospechosos de la práctica de actos contra la Democracia'.
No obstante, una de las líneas de investigación busca aclarar si los sospechosos se han relacionado con parlamentarios u otras autoridades que ostenten fuero privilegiado, es decir, que solo la Corte puede investigarlos.
Entre las residencias allanadas este martes se encuentra la del Diputado Daniel Silveira, del Partido Social Liberal (PSL, la formación a la que estaba afiliado Bolsonaro cuando venció las elecciones de 2018).
El parlamentario, un policía militar que actúa como segundo vocero del Gobierno en la Cámara de Representantes, señaló en su cuenta en Twitter que el allanamiento a su residencia se dio porque estaba 'incomodando a algunas esferas del viejo poder', refiriéndose a los partidos tradicionales de Brasil.
Además del parlamentario, fueron allanadas las residencias del empresario Luis Felipe Belmonte, uno de los fundadores del partido Alianza por Brasil, la nueva formación en la que el líder ultraderechista quiere reunir a sus seguidores, y la del publicista Sergio Lima, responsable por la propaganda partidaria de la misma.
Varios blogueros y youtubers fueron objeto de los allanamientos, así como las sedes de las empresas 'Novo Brasil Empreendimentos Digitais' e 'Inclutech Telecnologia da Informação'.
CIERRAN EL PASO A LA EXPLANADA DONDE ESTÁN LOS TRES PODERES
Los actos registrados en los últimos días habían requerido la presencia de autoridades pero no el cierre completo de las vías que permiten el acceso de vehículos y peatones a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Sin embargo, una nueva amenaza, esta vez contra el obispo de la de la Arquidiócesis de Brasilia, Marcony Vinícius Ferreira, llevó al cierre de la Explanada de los Ministerios por dos días.
El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, ordenó el cierre de la única entrada que lleva a las sedes de la Presidencia de la República, el Congreso y la Corte Suprema.
Las amenazas contra el obispo, se registran tan solo un día después de que la Policía arrestara a seis manifestantes, entre los cuales Sara Winter, una conocida militante 'bolsonarista' que lidera el grupo '300 de Brasil'.
Winter mantuvo durante algunas semanas un campamento de 'bolsonaristas' en la Plaza de los Tres Poderes, la plazoleta que separa en Brasilia las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
La militante admitió que algunos de los miembros del campamento estaban armados y que defienden una 'intervención' de los militares en Brasil para permitir que Bolsonaro pueda gobernar sin las amarras del Congreso y la Justicia.
El pasado sábado, luego de que la Policía desmontara el campamento, unos 20 militantes llegaron a invadir una de las terrazas del Congreso y dispararon fuegos de artificio contra la sede del Supremo Tribunal Federal.
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