El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil, se comprometió este viernes a no intentar la reelección en caso de que resulte elegido como jefe de Estado el 25 de octubre y negó que pretenda darle cargos a su padre y a su hermano en un eventual Gobierno suyo.

«Si soy elegido presidente renuncio voluntariamente a intentar la reelección, incluso porque fui el senador que presentó al Congreso un proyecto de ley para acabar con la reelección presidencial en Brasil», dijo el candidato ultraderechista en una entrevista a la red de televisión Globo, que coincidió con cacerolazos en varias regiones del país.

«Estoy aquí comprometiéndome a ser presidente de solo un mandato. Solo necesito un mandato para comenzar a arreglar al país, porque no podemos seguir con esa locura del actual presidente, que gastó 350.000 millones de reales (unos 69.100 millones de dólares) para intentar ser reelegido», afirmó.

Bolsonaro acusa a Lula de estar obsesionado con el poder

Bolsonaro, quien obtuvo un 47 % de los votos en la primera vuelta contra un 45 % de Lula y tiene un 51 % de la intención de voto para la segunda vuelta presidencial contra un 49 % del rival, afirmó que el actual jefe de Estado está obsesionado con el poder y que disputa su séptima elección presidencial.

«No soy apegado al poder. Solo quiero un mandato porque no quiero comenzar mi mandato pensando en la reelección», dijo.

El candidato del Partido Liberal afirmo, igualmente, que apoya la propuesta que pone fin a la reelección y la hace extensiva a parientes del mandatario, lo que impediría que su padre o algunos de sus hermanos intenten sucederle.

Sobre sus familiares, negó las versiones de la prensa según las cuales nombraría a su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, como ministro de Relaciones Exteriores.

El candidato opositor elogió las capacidades de su hermano y sus logros como legislador pero descartó que pueda ser su canciller.

En cuanto a las informaciones de que le concederá un indulto a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de veintisiete años de prisión por golpismo, para que pueda participar en su Gobierno, afirmó que hasta ahora no ha abordado ese asunto con su padre.

«Jair Bolsonaro nunca conversó conmigo sobre cargos o sugirió cargos. Tendré el privilegio, en caso de ser elegido presidente, de poder contar con un expresidente como consultor, pero nunca hablamos de cargos. Eso no está en el radar», aseguró.

Bolsonaro dice que el mejor ajuste fiscal es sacar a Lula

Por otro lado, Bolsonaro afirmó que el mejor ajuste fiscal que el país puede promover es retirarle el poder a Lula.

«El mayor ajuste fiscal que Brasil puede hacer es sacar a Lula del poder. Él es hoy el mayor problema en el desajuste de las cuentas (públicas)», aseguró el candidato ultraderechista.

Bolsonaro acusó al presidente progresista de haber elevado excesivamente los gastos hasta el punto que la deuda pública ya llega al equivalente del 82,9 % del PIB, casi diez puntos más, y el déficit fiscal al 9,48 %, su mayor porcentaje desde la pandemia de la covid-19.

El senador admitió que la deuda aumentó por los altos intereses del país, pero aclaró que, pese a que las previsiones de los economistas indicaban que los tipos caerían este año a un 7 % anual, «están en casi un 14 % debido al grave problema fiscal generado por Lula».

«La deuda está en casi once billones de reales (unos 2,2 billones de dólares), pero si los intereses hubieran caído al 7 % como estaba previsto al final del Gobierno (de Jair) Bolsonaro, nos habríamos ahorrado casi un billón de reales (2.200 millones de dólares)», afirmó.

Bolsonaro aclara algunas de sus propuestas

Por otro lado, el ultraderechista desmintió varias acusaciones de la campaña del presidente sobre el ajuste que promoverá en las cuentas públicas.

Bolsonaro descartó reajustar los salarios y las jubilaciones por debajo de los índice de inflación, como asegura el jefe de Estado, debido a que su intención no es hacer economía a costa de los más pobres, de los jubilados o de los funcionarios públicos concursados.

«Hay mucho de dónde cortar», afirmó el opositor al ser interrogado sobre su promesa de reducir en cerca de 200.000 millones de reales (unos 39.490 millones de dólares) los gastos públicos.

El senador afirmó que su proyecto prevé reducir el número de ministerios de los actuales 39 a cerca de 29, vender unos 30.000 inmuebles públicos actualmente abandonados y acelerar el proceso de concesiones petroleras en el Margen Ecuatorial.

«También alcanzaremos un gran ahorro con el combate a la corrupción y a la mala gestión de las estatales. En el Gobierno de Bolsonaro las estatales sumaron ganancias por 18.000 millones de reales (unos 3.553 millones de dólares) y en el de Lula ya acumulan pérdidas por 36.000 millones de reales (unos 7.107 millones de dólares)», afirmó.

La acusación contra el juez De Moraes

Sumado a lo anterior, el senador ultraderechista acusó al magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de haberse convertido en el principal articulador político del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Alexandre de Moraes se convirtió en el articulador político de Lula en Brasilia. Fue él quien hizo las paces entre Davi Alcolumbre, presidente del Senado, y el presidente Lula, y hoy están todos unidos a favor de la reelección de Lula”, afirmó sin presentar pruebas.

El senador sostuvo que los jueces del Supremo, que deberían ser imparciales, no pueden tomar decisiones políticas ni perseguir a adversarios. “No se puede admitir un magistrado del Supremo con una actuación político-partidaria. Cualquier magistrado que infrinja la ley tiene que responder por eso”, afirmó.

Uno de los objetivos del bolsonarismo es promover la destitución de Moraes, el juez instructor del proceso en el que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) terminó condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Esa pretensión se ha reforzado con las revelaciones sobre los presuntos vínculos del magistrado con Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, preso desde noviembre de 2025 por un fraude multimillonario.

«Las cosas no pueden seguir como están. Tenemos que proteger la institución del Supremo Tribunal Federal de los actos de sus magistrados. No es posible que un juez continúe interviniendo en todo, persiguiendo adversarios políticos y protegiendo a los amigos de Lula para que las investigaciones en su contra no avancen», aseguró.

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